La dureza dialéctica no siempre se corresponde con expresiones altisonantes. Los gestos pueden resultar más fructíferos con menos decibelios. Durante su comparecencia posterior al pleno del Consell, Mónica Oltra utilizó esa estrategia para aguantar el pulso que mantiene con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos por la gestión del nuevo ingreso mínimo vital y su encaje con la renta valenciana de inclusión, que la Generalitat aplica desde 2017. Y, sobre todo, tras la cesión de la gestión al País Vasco y Navarra gracias a un pacto con el PNV cuando, por contra, el Gobierno no ha buscado ni un acuerdo previo para evitar la duplicidad. La vicepresidenta se atrevió hasta con el euskera para evidenciar ese trato de favor y mostrarse muy contundente a la hora de dirigirse al Gobierno en esa lengua para reivindicar que la Comunidad Valenciana pueda tener el mismo trato que Euskadi.
Por primera vez en la crisis del coronavirus, la también consellera de Política Inclusivas marcó posición política propia y supo sacar todo su arsenal de una forma ingeniosa, hablando el euskera con fluidez, pronunciación incluida, para reclamar al Ejecutivo la cogestión del nuevo sistema de protección pública aprobado ayer por el Consejo de Ministros y asegurar que si otras autonomías lo pueden hacer «la Comunidad Valenciana también». La decisión del Gobierno se convierte en un nuevo agravio. Continúan desde Madrid sin alcanzar un acuerdo con el Consell para «armonizar» esa prestación con la renta valenciana.
Oltra elevó el tono hacia esa diana y evidenció sus diferencias pero con un tono propositivo para tratar de conseguir una cogestión a través de los servicios sociales de atención primaria, que recibirían las dos propuestas con la tramitación desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. «Así se lo hemos trasladado al Gobierno. Se haría a través de un convenio interadministrativo y sería una manera de armonizar los dos sistemas en una sola gestión y evitar que los benificiarios tengan que ir a dos ventanillas y haya una única puerta de entrada», valoró.
Mónica Oltra trazó una salida con dos ideas. La primera, buscar la coordinación de ambas administraciones para evitar duplicidades y que algunas familias puedan cobrar las dos rentas mientras otras se queden sin cobrar nada. En segundo lugar, intentar que las personas que se incorporen a esta renta no se desvinculen del proceso de inclusión laboral. La idea es descontar del módulo de la Renta Valenciana de Inclusión lo que corresponde de Ingreso Mínimo Vital y la diferencia la pagará la Generalitat. «Este es el mecanismo para hacerlos compatibles y que el sistema de Renta Valenciana mantenga la solidez y siga siendo una herramienta que, ante eventualidades con el Ingreso Mínimo Vital, esté ahí», concluyó. La consellera, que pretende reforzar el mecanismo autonómico con más fondos en breve, aseguró que percibe «buena predisposición del Gobierno» aunque en estos momentos sigue sin existir un pacto y dejó caer que no le enviaron ni el borrador previo.
