«Nos interesa el presente y el futuro de los españoles por encima de las siglas y por eso debemos ser capaces de llegar a acuerdos con aquellos partidos que, desde posiciones sensatas y moderadas, respeten nuestros valores constitucionales». Esa frase está incluida en la ponencia de estrategia y línea de actuación política que se debatirá en la próxima Asamblea General de Ciudadanos donde se marcará su acción política para los próximos cuatro años. Una línea estratégica que vuelve a abrir la puerta a posibles pactos con los socialistas en instituciones donde, en la actualidad, la formación naranja gobierna con el PP. Es decir, la nueva línea ideológica que defenderá el partido que debe liderar Inés Arrimadas desde el 15 de marzo contempla que Cs podría gobernar con el PSPV en la Diputación de Alicante (donde dispondría de mayoría suficiente) o en el Ayuntamiento de Alicante (donde deberían entrar en el acuerdo otras fuerzas de izquierdas). El único freno a la hora de «tender puentes siempre en beneficio de la ciudadanía» es buscar «acuerdos constitucionalistas», un espacio donde Cs sigue situando a los socialistas. Alicante es uno de los territorios de España más afectados, por tanto, por la orientación de esa ponencia.
Puestos a ubicar a cada uno en su sitio, Cs reivindica «más que nunca nuestro espacio político: el centro liberal progresista». Defiende la «política útil» y se muestra equidistante con «los populismos de izquierda y derecha que quieren enfrentarnos», donde engloba por igual a Podemos y a Vox. Y lo que es más evidente, en el argumentario ideológico elaborado por la gestora que rige el partido desde la dimisión de Albert Rivera, ya no hay vetos al PSOE ni se considera al PP «socio preferente» como decidió la ejecutiva nacional tras las elecciones autonómicas y municipales de 2019. Ahora es «la ciudadanía y los intereses generales» los que priman a la hora de establecer posibles alianzas, a derecha... y a izquierda.
«Ni siglas ni vetos»
Este «corpus ideológico» que debe definir el futuro de Cs no desagrada en absoluto a dirigentes alicantinos de la formación naranja. Fuentes del partido afirman abiertamente que «el sentir mayoritario de Cs» está por el acercamiento al PSOE. Sin tanta rotundidad, pero sí dejando a puerta entreabierta a la posibilidad de cambiar de socio de gobierno, la diputada en el Congreso, Marta Martín aseveró ayer que «somos el partido del sentido común, que lleva esa norma en su ADN». En se sentido, «Cs puede establecer pactos de progreso con todo el mundo, con partidos que tienen los mismos derechos y deberes», sin que haya «ni siglas, ni vetos, ni líneas rojas siempre que se esté dentro de la Constitución».
El diputado autonómico Fernando Llopis es de la opinión que con los cambios que ahora se plantean «podríamos pactar con cualquier partido democrático», y eso quiere decir que «con el PSOE podemos llegar a acuerdos tanto como con el PP». En todo caso, Llopis recalca que «con Vox tenemos cosas que nos separan y con el PSOE de Pedro Sánchez también, ya que ha establecido acuerdos con partidos que no creen en la Constitución». Por último, el síndic de Cs en las Cortes, Toni Cantó no se quiso ayer retratar al asegurar que no había leído estos documentos. «Cuando se hagan oficiales y conozcamos su contenido, nos pronunciaremos al respecto», añadió Cantó.
El futuro de Toni Cantó quedará en manos de lo que se decida en Madrid
La modificación de estatutos contempla un coordinador y una dirección territorial elegida a dedo por la cúpula estatal
Junto a la nueva ponencia política, la militancia de Cs tendrá que aprobar en su Asamblea General del 15 de marzo un cambio de estatutos, del que ya existe una propuesta a la que ha tenido acceso este periódico. Entre las muchas cuestiones que determinan los nuevos estatutos se incluye una estructura organizativa diferente, donde se quiere reforzar a los comités autonómicos y provinciales, con más componentes y más apertura a la militancia, pero con un claro control por parte de comité ejecutivo nacional, que será quien determine los nombres de direcciones territoriales como la valenciana, que aspira liderar el síndic en las Cortes, Toni Cantó.
El comité autonómico estará formado por el «coordinador» (nuevo máximo representante que sustituye al portavoz), elegido por el comité ejecutivo, que también escogerá, por un lado, a los coordinadores provinciales; por otro, hasta un máximo de cinco de los principales representantes institucionales en el ámbito de la Comunidad; y por otro, hasta otro cupo de otros cinco miembros más. Todos estos nombramientos estarán en manos del comité ejecutivo que saldrá de la Asamblea General que encumbrará a mediados de marzo a Inés Arrimadas. Mientras tanto, la pugna está ahora en la elección de la treintena de compromisarios que representarán en este cónclave a Cs de la Comunidad Valenciana.
La ultraderecha pone en un brete al PP y Cs por pedir el «pin parental» en la Comunidad Valenciana
Vox pone de nuevo a prueba en las Cortes al PP y Cs, esta vez a propósito del «pin parental». La formación de ultraderecha presentó ayer una proposición no de ley (PNL) para instar al Consell a implantar el «pin parental» en la Comunidad Valenciana, «ante el revuelo del gobierno socialcomunista» de Pedro Sánchez por pedir la retirada de la medida en Murcia. Así lo anunciaron ayer los portavoces del grupo, Ana Vega y José María Llanos, que con la solicitud de PNL obligan a PP y Cs a definirse en sede parlamentaria sobre este tema. El «pin parental» permite a los padres autorizar la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual. Tras su aprobación, el Gobierno central PSOE-Unidas Podemos remitió pasado viernes a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso donde permitía el «pin parental». Por contra, para Vox, «es algo tan lógico y de sentido común como que los padres puedan elegir la educación moral y religiosa de sus hijos». «No debería ser cuestionado por nadie», subrayó el portavoz, destacando que viene recogido tanto en la Constitución como en varias declaraciones internacionales. Llanos advirtió sobre la existencia de «algunas charlas, talleres, materiales o talleres en los colegios respecto a cuestiones moralmente controvertidas y que pueden afectar a la sexualidad», ante lo que Vox propuso el «pin parental» desde el inicio de su proyecto político en 2014 y «contra los que creen que los hijos son del Estado y no de los padres».
