El PP ha convertido a Ximo Puig en la diana de casi todas sus críticas. Conscientes de que el jefe del Consell es el barón territorial de los socialistas con más poder institucional y uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, los populares han trazado la estrategia de lanzar sus dardos contra Puig. Desde Madrid a Alicante pasando por Valencia. Ayer fue Pablo Casado quien pidió un plan de recortes para la Comunidad cuando ya se está aplicando desde medidados de este año. Seguidamente, la síndica del PP en las Cortes, Isabel Bonig, presentó una propuesta de declaración institucional en la que plantea que las Cortes defiendan el orden constitucional y del sistema democrático en un momento clave en el que se está negociando el nuevo Gobierno de España.
Es una respuesta, sobre todo, a la entrevista que el jefe del Consell concedió a este periódico en la que abogaba por un pacto más sólido con ERC para ir más allá de la investidura. A juicio de Bonig, Ximo Puig «debería defender la igualdad de todos los españoles», pues costó «mucho esfuerzo» llegar al marco constitucional y los independentistas catalanes «lo que quieren es romper con la unidad de España y con la soberanía nacional». La dirigente del PP dijo que espera muy poco de la conversación de hoy entre Pedro Sánchez y Ximo Puig. «Está intentando salvarse -dijo Bonig- y no asumir ningún tipo de responsabilidad política por las ayudas a las empresas de sus hermanos, por las irregularidades en la gestión del gobierno valenciano, o por la nefasta política de menores».
Y para cerrar el círculo de ataques frontales contra el jefe del Consell, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, alimentó ayer la bronca de los últimos días y manifestó que la Ley del Fondo de Cooperación de la Generalitat, en estos momentos está en fase de tramitación, «podría incumplir la propia Constitución». Mazón aseguró que el borrador de esta normativa que se les ha enviado «dice que es obligatoria» la participación de las diputaciones, algo que, a su juicio, podría vulnerar «el principio de autonomía financiera de los entes locales y provinciales». Señaló que «altos cargos de la Generalitat» han asegurado estos días que «el Fondo de Cooperación no se negocia, se cumple o no se cumple», lo cual, en su opinión, no es «la mejor condición para realizar esfuerzos en común». «Quiere volver a la vía de la imposición y no de la coordinación», atacó Mazón para evidenciar las complicadas relaciones de ambos dirigentes y las heridas entre ambas instituciones. Fuentes cercanas al Consell aseguraron ayer que la actitud del presidente de la Diputación es «totalmente desleal» desde el punto de vista institucional porque «no hay ningún argumento» para dejar a los ayuntamientos alicantinos con la mitad del dinero del Fondo de Cooperación Municipal, a diferencia de los de Valencia y Castellón.
Patinazo de Casado: reclama un plan de recortes para la Comunidad que el Consell del Botànic ya está sufriendo
Encrespa al PSPV y Compromís además de enfadar a Puig tras pedir más ajustes a la Generalitat como defensa de Andalucía
Patinazo de Pablo Casado. En su intento de defender a Andalucía después de que el Gobierno de España le haya tenido que apercibir por incumplir el déficit y la regla de gasto, el presidente del PP acabó pidiendo a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tome esa misma medida contra la Comunidad Valenciana. Ocurre, sin embargo, que el Consell ya tuvo que aplicar a mediados de año ese plan de ajuste que, además y en el caso del Botànic, se agrava por el expolio que sufre la administración autonómica en el reparto de la financiación, la más perjudicada junto a Murcia. «Voy a pedir la comparecencia en el Congreso de la ministra Montero, para que explique la intervención de la Junta de Andalucía. Si tuviera un mínimo de coherencia, el Ejecutivo tendría que tomar la misma medida con la Comunidad Valenciana», detalló Casado en el Congreso de los Diputados.
Andalucía, aún bajo mandato de la socialista Susana Díaz, incumplió los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto del ejercicio de 2018. Ahora, cumpliendo la ley, el Ministerio de Hacienda reclama al ejecutivo que preside Juanma Moreno, conformado por el PP y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha, que presente un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública. Las limitaciones por el incumplimiento de la norma de déficit supone la imposibilidad de disponer de la financiación externa a la que sí tienen acceso las autonomías cumplidoras. Ahora, en esta situación, Andalucía tendrá que hacer recortes para sumarse al Fondo de Liquidez, el mismo al que accede el Consell como una fórmula para su gestión.
La Generalitat ya tuvo que afrontar un recorte desde mediados de año para poder acceder a los mecanismos de liquidez en un escenario de bloqueo del sistema de financiación autonómica. Un nuevo modelo que ni puso en marcha Mariano Rajoy ni tampoco ha resuelto Pedro Sánchez. Así y todo, la intervención de Casado es un error en medio de la ofensiva del PP contra Ximo Puig que, además, provocó un enfado del PSPV y Compromís. Y del propio jefe del Consell. «Es el presidente de un partido antivalenciano», zanjó.
