El Juzgado de Instrucción número 4 de Valncia ha citado a declarar como investigados a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística del Gobierno valenciano, el alicantino Rubén Trenzano, en el marco de una causa por malversación abierta tras una querella del Partido Popular. Según consta en una providencia de este juzgado, Francisco Puig y Trenzano deberán comparecer ante el juez el próximo 10 de diciembre a las 9.30 horas.
La querella está firmada por la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, que reclama que se investigue si la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano a las empresas del hermano de Ximo Puig podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones. Se interpuso el pasado mes de marzo en los juzgados de Valencia, que inicialmente se inhibieron en los de Vinaròs (Castellón), aunque estos rechazaron esa inhibición y devolvieron las actuaciones al juzgado de procedencia. Este desacuerdo propició que se plantease una cuestión de competencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que fue resuelta el pasado 27 de septiembre declarando competente al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en una decisión contra la que ya no cabe recurso alguno.
Según detalla el PP en esta querella, Francisco Puig ha recibido alrededor de 600.000 euros en subvenciones públicas desde que su hermano ocupa la presidencia de la Generalitat. La querella se centra, siempre según el PP, en la actividad de las empresas Comunicació dels Ports S.A. y Mas Mut Produccions S.L.U., ambas administradas por Francisco Javier Puig y beneficiarias, desde 2015, de 600.000 euros en ayudas económicas para el fomento del valenciano provenientes de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés. A pesar de recibir ayudas de diferentes comunidades para el mismo fin (fomentar el valenciano), Francisco Puig Ferrer declaró no haber recibido otras subvenciones para la misma finalidad, según se detalla en la querella. En este sentido, se indica que desde que Ximo Puig es presidente de la Generalitat las empresas de sus hermanos han incrementado sus ingresos en un 290% después de haber ido acumulando tres años de pérdidas.
Estas subvenciones, a juicio del PP, «constituyen una auténtica trama para conseguir fondos públicos mediante gastos cruzados, alquileres fraudulentos y nóminas de una gran familia». Así, exponen que «las ayudas a las productoras de la familia del president implican a cuatro consellerias (Justicia, Turismo, Educación y Presidencia), a tres comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón)» y recuerdan que la cadena pública À Punt «ya detectó que estas empresas pactaban precios». Puig aseguró ayer que se trata de una «intención» del PP para perjudicarle «de una manera evidente». El jefe del Consell agregó que es «una demanda del PP que ha sido admitida a trámite y es el momento procesal inicial», y aseveró, por último, que «poco a poco se sabrá lo que hay detrás».
