El déficit de la Comunidad Valenciana continúa su escalada. Para la Conselleria de Hacienda no es alarmante, pero un agujero de 1.276 millones entre gastos e ingresos invita al menos a la preocupación. En clave política, el dato hecho público ayer referido al mes de junio da argumentos al conseller Vicent Soler sobre la necesidad de aplicar un plan de contención del gasto (440 millones) en las cuentas autonómicas de 2019 y de que lleguen pronto los fondos del sistema de financiación retenidos (450 millones) al estar el Gobierno en funciones. Sobre este último objetivo se esperaba ayer algún avance, pero no se produjo tras la visita de Soler a la secretaria de Estado de Hacienda ni tras la comparecencia de la ministra, María Jesús Montero, en el Senado.
Habrá que seguir esperando, porque por ahora el mensaje es repetitivo: el dinero llegará antes de fin de año. Es el único compromiso. Lo mismo que le han ofrecido a otros territorios como Canarias. Quizá el jefe del Consell, Ximo Puig, obtenga alguna concreción cuando se reúna con Montero en unos días. La cita estaba prevista ayer, pero se pospuso a última hora porque la titular del Gobierno debía participar en la reunión con Podemos, que también acabó como empezó, sin resultados. Puig aseguró que el encuentro se producirá «en los próximos días» y que su discurso será reivindicativo. El de siempre, dijo.
El último dato sobre el déficit de las comunidades autónomas no será «significativo», como subrayó la conselleria, pero da qué pensar. La Comunidad es la que presenta peores datos con respecto a los de hace un año: de 666 millones a 1.276, el doble prácticamente. Ninguna otra autonomía presenta un alza similar en términos absolutos. Las cifras en Andalucía, Cataluña o Madrid son mejores incluso que las de 2018. El agujero entre gastos e ingresos de la Generalitat es también el doble del que presentaba en el mes anterior contabilizado (mayo), cuando se quedó en 670 millones.
Un aumento «puntual»
Según Hacienda, es un hecho «puntual», derivado de que «los ingresos no han avanzado a la medida de la ejecución presupuestaria». Una parte de la responsabilidad de esa merma de ingresos está en el bloqueo a las entregas a cuenta del sistema de financiación. El Consell reiteró ayer que el problema es de ingresos y no de gastos, que están por debajo de la media española, si bien han crecido un 7% (596 millones más que en 2018 debido a costes de personal y a la mayor inversión social), mientras que los fondos del sistema de financiación están parados. En todo caso, este último es un fenómeno que afecta a todas las comunidades. En términos relativos con respecto a su PIB, la situación valenciana (1,1%) no es tan negativa, ya que se sitúa por detrás de Extremadura (1,35%), Navarra, Murcia, Baleares y La Mancha.
La situación de las entregas a cuenta está como estaba anteayer, a pesar de la actividad pública en torno a este conflicto. La ministra Montero reiteró el mensaje y no aportó soluciones en su comparecencia en el Senado a pregunta de Carles Mulet, de Compromís. El Gobierno «sigue trabajando para encontrar la fórmula para hacer llegar el dinero antes de fin de año». La ministra, no obstante, intentó bajar el suflé que se ha levantado sobre esta cuestión: las cantidades equivalen a «15 días de tesorería» de las comunidades. Por tanto, dijo, no pueden justificar «recortes» presupuestarios. Soler tampoco salió del ministerio con soluciones concretas sobre este problema. Pidió que se abone el dinero (450 millones) «lo antes posible», pero la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, dijo lo mismo que su superior: que estará antes de fin de año. No es suficiente, pero al menos «relaja los problemas de tesorería», dijo el conseller.
El titular de Hacienda no se volvió, con todo, con las manos completamente vacías. Se trajo la aceptación del ministerio de una prórroga a la Comunidad para presentar su Plan Económico y Financiero (PEF), indispensable para liberar el pago del FLA extraordinario del cuarto trimestre, que asciende a 250 millones. Lo más importante es que el plan de ajustes al presupuesto de 2019 ya no urge tanto si el PEF puede presentarlo más tarde. La pretensión inicial de Soler era que este proyecto de contención del gasto (valorado en 440 millones) se aprobara en el pleno del Consell de la semana pasada, pero Compromís no transigió. Pidió esperar a la reunión de Puig con Montero. Fuentes de la coalición ven muy complicado que el ajuste vaya al pleno de esta semana. En un contexto estatal que parece encaminado a otras de elecciones, una prórroga de los presupuestos de la Generalitat gana enteros.
