El delicado estado de salud de Eduardo Zaplana exigía desde hace tiempo que se le aplicara una medida que impidiera que se agravara su situación personal en la cárcel de Picassent. Quizá un arresto domiciliario para compatibilizar la investigación que tiene abierta un juzgado de Valencia por un supuesto cobro de comisiones durante la etapa en la que estuvo al frente de la Generalitat con un tratamiento adecuado de la leucemia contra la que lleva un tiempo luchando. Era, sin ninguna duda, una cuestión humanitaria.
La juez toma ahora la decisión de conceder la libertad a Zaplana, junto a Joaquín Barceló y a Francisco Grau a los que se apunta como sus testaferros, después de nueve meses en prisión preventiva y una vez que habrían fructificado las pesquisas para localizar el dinero -unos 6,7 millones de euros, más de 1.100 millones de las antiguas pesetas- que se habrían podido evadir a paraísos fiscales. Así que la juez decide conceder la libertad al que fuera jefe del Consell y ministro con José María Aznar no por una cuestión de salud, como diferentes entidades y particulares habían solicitado durante semanas, sino al entender que se han ido cumpliendo los tiempos de la investigación judicial.
Sea como fuere, el hecho de que Zaplana, que ha tenido que ser trasladado en varias ocasiones a un hospital de València para recibir su tratamiento, esté ya fuera de la cárcel es una noticia que se tenía que haber producido hace tiempo para que su estado de salud no empeorara. No hay ninguna duda de ello. Nadie en la situación de Eduardo Zaplana debería estar en prisión. Pero, ojo, eso no le exime a partir de ahora de la actuación de la justicia. La que determinen los tribunales. Nadie debía presentar esta decisión de la juez como un punto a favor que deje a Zaplana al margen de cualquier sospecha. La investigación tiene que continuar para depurar las responsabilidades que se hayan podido derivar de su gestión en el gobierno autonómico.
Eduardo Zaplana ha sido una de las figuras más relevantes de la política valenciana en las últimas cuatro décadas y el único alicantino que, hasta ahora, ha ocupado la presidencia de la Generalitat. Por tanto, llevar esa investigación hasta el final y conocer la verdad sobre su gestión en el Consell es ahora una obligación para la justicia y un derecho para los ciudadanos Está en juego la credibilidad de las instituciones de autogobierno. Así que una cosa es que esté en libertad, algo que se tendría que haber decidido hace ya varios meses; y otra muy diferente es que la justicia debe actuar sin duda hasta las últimas consecuencias. Caiga el que caiga. Son dos cosas diferentes. Pero las dos justas.
