El delicado estado de salud de Eduardo Zaplana exigía desde hace tiempo que se le aplicara una medida que impidiera que se agravara su situación personal en la cárcel de Picassent. Quizá, como se había venido sugiriendo, un arresto domiciliario que facilitara compatibilizar la investigación que tiene abierta un juzgado de Valencia por un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones durante la etapa en la que estuvo al frente de la Generalitat con un tratamiento adecuado de la leucemia contra la que el expresidente de la Generalitat lleva ya un tiempo luchando. Era, sin ninguna duda, una cuestión humanitaria. La juez toma ahora la decisión de conceder la libertad a Zaplana, junto a Joaquín Barceló y Francisco Grau a los que se apunta como testaferro y «cerebro» de la trama, después de nueve meses en prisión preventiva y una vez que han fructificado las pesquisas para descubrir el dinero -cerca de 6,5 millones de euros, unos 1.100 millones de las antiguas pesetas- que se habrían podido evadir a cuentas en Suiza. La magistrada decide dejar libre al que fuera jefe del Consell y ministro con José María Aznar no por una cuestión de salud, como diferentes entidades y particulares habían solicitado durante semanas, sino al entender que se han cumplido los objetivos de la investigación judicial. Sea como fuere, el hecho de que Zaplana, trasladado en varias ocasiones a un hospital de València para recibir su tratamiento, esté ya fuera de la cárcel es un desenlace que se tenía que haber producido hace tiempo para que su estado de salud no se deteriorara todavía más. No hay ninguna duda de ello. Nadie en la situación en la que se encuentra Eduardo Zaplana debería estar en prisión. Pero, ojo, eso no le exime a partir de ahora de la actuación de la justicia. De aquello que determinen los tribunales. Ni mucho menos. Nadie tampoco debería presentar esta decisión de la juez como un punto que aleje a Zaplana del foco de sospecha. La investigación debe profundizar para depurar las responsabilidades que se hayan podido derivar de su gestión en el gobierno autonómico. Eduardo Zaplana, que nada más conocerse la decisión judicial proclamó su inocencia en un comunicado, es una de las figuras más relevantes de la política valenciana en las últimas cuatro décadas y el único alicantino que, hasta ahora, ha ocupado el Palau de la Generalitat. Por tanto, llevar esas pesquisas hasta el final y conocer la verdad sobre su gestión en el Consell es ahora una obligación para la justicia y un derecho para los ciudadanos. Está en juego la credibilidad de las instituciones de autogobierno. Una cosa es que Zaplana esté en libertad, algo que se tendría que haber decidido hace ya varios meses; y otra es que la justicia esté obligada a actuar hasta las últimas consecuencias. Caiga el que caiga. Son dos cosas diferentes. Pero ambas, desde luego, son igual de justas.
