Hablo con un amigo sobre las piedras que la administración nos pone a veces en los zapatos y me dice, para consolarme, que España es un país de cabrones, que lo que más nos gusta es jodernos los unos a los otros, sobre todo si tienes una pequeña parcela de poder frente al ciudadano. Al rato escucho a un comentarista político argumentar que España está encabronada, que a la España indignada la ha sustituido una nación encabronada. Comparto su opinión y, por momentos, la de mi amigo, gaditano para más señas. Dime qué te encabrona y te diré a quién vas a votar. Vivimos todo el día tan enfurecidos con nuestros gobiernos, ayuntamientos y representantes políticos que no es raro que si te juntas con diez personas porque compartís una afición común, un partido de tus hijos o una cena de navidad, no tarde en saltar el enojado de turno, que normalmente se define como apolítico al inicio del discurso.
Pues venga, a mi me enfada, y mucho, que el Consell deba sacar 18 millones de euros del plan Edificant destinado a mejoras en colegios de Educación Primaria para pagar gastos corrientes de las universidades porque algunos ayuntamientos no han solicitado hacer reforma alguna en los centros. Y ahí está el dinero, sin tocar. Pero más me molesta que la deuda autonómica vuelva a crecer para poder hacer frente a los 180 millones que costará demoler las torres gemelas de Punta Llisera en Benidorm porque los anteriores gobiernos, municipal y autonómico, se pasaron por el forro la Ley de Costas. Es un suma y sigue de decisiones ilegales, siempre relativas al ladrillo y las infraestructuras, que adoptaron en la última década nuestros gobernantes, que años después, cuando ya están en uso, ha tumbado la justicia tras pasarle factura al gobierno actual, o sea a nosotros. Es para encabronarse, pero si me fijo en el color político de quien lo hizo, y lo hace, luego que nadie se interrogue por la abstención.
