Los efectos de la profunda y reciente crisis aún se dejan sentir en el empleo en la provincia cuando, según algunos indicadores, se está entrando en un nuevo periodo de desaceleración. Aquellos nuevos empleos que surgieron a raíz de la recesión que comenzó en 2007, los trabajos troceados por horas, son una de las causas que vienen lastrando la recaudación de la Seguridad Social por cotizaciones sociales en la provincia, según denuncian los sindicatos. Además, inciden en que pese a que en los últimos años se ha vivido una época de reactivación económica, los salarios «siguen congelados o han subido muy tímidamente».
Los ingresos por cotizaciones sociales apenas han variado de 2013 a 2018. Si hace seis años, la Tesorería ingresaba en Alicante 2.574,5 millones de euros por este concepto que abonan empleadores y empleados, el pasado año, la cifra subía ligeramente hasta los 2.595,2. Es decir, solo un 0,8% más, según los datos reflejados en las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. Este es un mínimo avance, si se compara con el fuerte aumento del 22,5% experimentado por las inscripciones al sistema entre ambos ejercicios. En 2013, la media anual de altas laborales era de 526.461,98, mientras que cinco años después el número de trabajadores alicantinos que estaban cotizando se incrementaba hasta los 645.272,32.
La economía sumergida
¿Por qué se estanca la recaudación, si ha aumentado el número de cotizantes? «La precariedad, los bajos salarios, el empleo troceado por horas (jornadas a tiempo parcial) y aquellas horas extraordinarias que no se abonan, por ejemplo, se encuentran entre las principales causas de que los ingresos de la Seguridad Social no crezcan al ritmo que quisiéramos», apuntaba Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina.
Pero, asimismo, lastran la recaudación de las cotizaciones sociales «los efectos en el empleo de la reforma laboral de 2012, como los expedientes de regulación de empleo, los descuelgues de los convenios colectivos que han deteriorado los salarios; aunque, también, suponen menos ingresos las bonificaciones por la contratación que han tenido las empresas en los últimos años», añadía José María Ruiz Olmos, responsable de Empleo de CC OO en l'Alacantí-Les Marines. Todo ello, sin olvidar el efecto pernicioso que tiene la economía sumergida. «Y más en esta provincia, que suele liderar los índices de empleo irregular. Si todo ese trabajo que no computa y no se cotiza aflorara, la recaudación mejoraría ampliamente», añadía Yaissel Sánchez.
Jornadas a tiempo parcial
Y a tenor de la dinámica de los últimos años, la evolución hacia un empleo de más calidad que acabe con la precariedad laboral está lejos de alcanzarse. Con datos de enero a agosto de este mismo año, la contratación a tiempo parcial (188.2011 formalizaciones, tanto de carácter indefinido como temporal) representó el 41,42% de la contratación total del periodo, que fue de 454.350 nuevos empleos, según los datos facilitados por UGT. Junto a los sindicatos, también desde el colectivo de Graduados Sociales de la provincia se advertía de que un nivel de bajos salarios no solo perjudica al sistema, «sino a la propia economía, porque los trabajadores no tienen alegría para consumir. Y si se habla de síntomas de desaceleración, lo que tienden es a ahorrar», apuntaba María Antonia Oliva, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Alicante.
Además, el estancamiento de la recaudación, cuando no el descenso en algunos conceptos de la Tesorería de la Seguridad Social, ha «exprimido» la hucha de las pensiones y ha obligado al Gobierno a aprobar algunos meses préstamos a la Seguridad Social para pagar estas prestaciones. «De seguir la dinámica así, el sistema tiene un serio problema. Y hay que reformarlo», añadía Sánchez. «Las pensiones tienen que estar garantizadas», añadía Oliva.
Al margen de ello, el otro efecto derivado de unas cotizaciones bajas «es que también las pensiones serán más bajas», añadía Oliva. Tanto la presidenta de los Graduados Sociales como los sindicatos explican que en estos momentos, los ingresos por cotizaciones sociales, además de pagar las prestaciones de las pensiones, se destinan a abonar la nómina del personal de la Seguridad Social. Para UGT y CC OO, estos gastos fijos «deberían salir de otras partidas de los presupuestos del Ministerio, como ocurre con el resto de departamentos ministeriales», incidía Yaissel Sánchez.
El debate sobre la reforma de las pensiones para asegurar el sistema público viene de lejos. La última modificación que hizo Rajoy en 2013 ha movilizado a miles de pensionistas por introducir el índice de revalorización, que significaba una subida mínima de las prestaciones del 0,25%. Una presión que obligó a aumentar la actualización al 1,6% hasta este año, por lo que, si no hay cambios, la revisión en 2020 volverá al 0,25%. Los propios pensionistas y los sindicatos vienen reclamando que «las pensiones se blinden por ley», señalaba Yaissel Sánchez.
