Mientras en la Audiencia de Alicante continúa celebrándose el juicio por el pago al último expresidente de la CAM de 600.000 euros en dos años por parte de la caja sin que hiciera nada a cambio, y el Tribunal Supremo está pendiente de revisar la sentencia que condena a cuatro exdirectivos de entidad por falsear las cuentas, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela comenzó ayer una nueva tanda de declaraciones en el marco de la pieza denominada TIP-suelo.
Se trata de una investigación que pretende aclarar otro de los puntos negros en la gestión de la CAM: si la entidad permitió a través de unas operaciones financieras que los socios de las mismas obtuvieran grandes beneficios sin tan siquiera iniciarse los proyectos al vender el suelo que acababan de comprar con enormes plusvalías. Unas prácticas que habrían provocado a la CAM pérdidas de más 460 millones según el informe elaborado por el Banco de España que obra en la causa (ver cuadro adjunto).
Tras la reapertura de las actuaciones ordenada por la Audiencia frente al archivo dictado por la magistrada (consideraba los hechos constitutivos de un delito administración desleal, ya prescrito, en vez de uno de apropiación indebida, aún perseguible) un exdirectivo de la caja y tres miembros de la comisión de control de la participada con la que la entidad se embarcaba en estos proyectos (Tenedora de Inversiones y Participaciones, TIP) aseguraron ayer ante su señoría que su capacidad de decisión era mínima ya que las operaciones venían informadas por los órganos de la caja.
Ante la negativa a declarar por parte del exresponsable de la división hotelera de TIP, César Véliz, fue el exdirector de riesgo crediticio de la CAM Manuel Lerma quien ofreció el testimonio más completo en una jornada calificada de «pobre» por fuentes presentes en los interrogatorios en cuanto a los datos aportados por los investigados. Además de la Fiscalía Anticorrupción, que instó el archivo por prescripción, en el bando de las acusaciones se encuentran el Fondo de Garantía de Depósitos, que fue quien impulsó este proceso, y la Fundación CAM.
Dependencia
La dependencia de los órganos de la entidad a la hora de aprobar las operaciones crediticias fue el principal argumento esgrimido por Lerma, quien no obstante defendió estas actuaciones. A esa vinculación a unos informes que venían hechos de arriba y que avalaban los créditos también se refirieron los tres miembros de la comisión de control que declararon: el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas José Manuel Uncio (quien al igual que Lerma precisó que el periodo que estuvo en la caja no coincidió con el tiempo en que se aprobaron las operaciones bajo sospecha) y la exconsejeras elegidas por el cupo de los impositores María Asunción Martínez y María Dolores Mataix, quienes resaltaron su falta de conocimiento para fiscalizar estos temas sin olvidarse de citar en varios de los casos los efectos de la crisis en el resultado final.
Entre ayer y el jueves están llamadas a declarar 17 personas a las que, también en calidad de investigadas, se suman el exdirector general de CAM Roberto López Abad y su hombre de confianza en inversiones inmobiliarias Daniel Gil, quien ya han prestado declaración por estos hechos.
En el auto por el que se reabrió la causa el magistrado Eloy Velasco considera que la investigación «podría aportar pruebas de la distracción definitiva de los réditos obtenidos al momento de trasladar el riesgo de las operaciones especulativas sobre solares o edificaciones de la CAM, gran perjudicada de los mismos».
El magistrado hablaba de «continuidad delictiva» por lo que consideraba que «la acción debe investigarse en su conjunto al tratarse de una trama grupal que puede superar la mera codelincuencia». Y agregaba que «indiciariamente se aprecia una mecánica comisiva hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP que se reitera en el tiempo con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros», según recoge el auto.
