Los descensos del desempleo que vienen reflejando las estadísticas mensuales en los últimos tiempos por efecto de la recuperación económica representan la diferencia entre las entradas y salidas del registro del paro. De hecho, en el último mes en la provincia se ha producido una reducción del número de desempleados en más de 3.700 personas.
Pero cuando se desciende al análisis de los datos sobre parados que cobran algún tipo de prestación, el escenario es distinto. Se aprecia que la destrucción de puestos de trabajo, en realidad, sigue haciendo mella en el mercado laboral alicantino. Aunque la mejoría del empleo ha reducido las cifras de parados que perciben el subsidio o la Renta Activa de Inserción (RAI) en la provincia, los beneficiarios de la prestación contributiva (ligada directamente a los periodos de cotización) han aumentado un 5,9 por ciento en relación a abril de 2017, al pasar de los 25.869 perceptores a los 27.414 del abril de este año -último mes computado sobre prestaciones por desempleo-.
Pero aún es más preocupante el hecho de que el número de desocupados de la provincia acogidos al Programa de Activación de Empleo (PAE) y que perciben la ayuda de 430 euros/mes -exclusivamente durante seis meses- se han duplicado en relación a hace un año. Han pasado de los 1.335 de abril de 2017 a 2.962 del mismo mes de este año.
En su mayoría, son parados de larga duración con cargas familiares que hace años perdieron su empleo como consecuencia de la crisis y que la falta de oportunidades laborales le han mantenido en esta situación largo tiempo, pasando, probablemente, de percibir la ayuda contributiva al subsidio y, así, hasta agotar todas las prestaciones. «Son desempleados que en su día se quedaron sin trabajo y que se tienen que acoger a este tipo de prestación, de forma involuntaria, porque, en realidad, nadie quiere estar en situación de desempleo», advertía Yaissel Sánchez, secretaria territorial de UGT en l'Alacantí-La Marina.
El PAE es un programa específico creado durante los años de la crisis para dar protección social a los colectivos de parados más vulnerables, los de larga duración. Es heredero de otros con distinto nombre, pero igual objetivo, que comenzaron a implementarse en 2009, uno de los ejercicios más duro de la primera fase de la recesión. El programa ha sufrido sucesivas prórrogas porque los efectos de la crisis aún persistían y era importante el número de parados de larga duración. Y, aunque su aplicación acababa en abril pasado, el Gobierno y las autonomías decidieron el pasado año mantenerlo en vigor hasta alcanzar un acuerdo sobre su redefinición.
La última propuesta planteada por el Ejecutivo de Rajoy en la Conferencia sectorial de Empleo fue rechazada por los agentes sociales y más de una decena de autonomías, entre ellas la Comunidad Valenciana, «que planteaban que se pudiesen acoger a colectivos que antes se cubría con la renta Activa de Inserción y el Plan Prepara», según explicaba Rocío Briones, directora general de Empleo de la Generalitat. Además, incidían en que «no se hiciera elegir al beneficiario entre esta ayuda y la renta de inclusión que tienen algunas autonomías», añadía.
Al parecer, en una especie de disposición adicional a los Presupuestos de este año el anterior Gobierno popular de Mariano Rajoy tenía previsto incluir «de forma unilateral la propuesta que ellos hacían», añadía Briones.
«Un asunto prioritario»
El pasado lunes estaba previsto celebrar una nueva reunión de la Conferencia Sectorial para abordar este asunto. Sin embargo, fue suspendida ante el nuevo escenario político que marcó la aprobación de la moción de censura planteada al PSOE a Mariano Rajoy. Ahora, la reformulación de este programa «debe ser uno de los asuntos prioritarios del nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez», añadían Yaissel Sánchez y José María Ruiz Olmos, responsable de Empleo de CC OO en l'Alacantí-Les Marines.
También lo entiende así Rocío Briones, quien muestra su preocupación por dos colectivos que se han convertido en «muy vulnerables» por los efectos de esta crisis, como son «los jóvenes, que vienen sufriendo altas tasas de desempleo, y los parados de larga duración». En este sentido, Briones subrayaba que la Generalitat ha puesto en marcha recientemente el programa «Avalem Joves» para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, así como la Renta Valenciana de Inclusión.
Los sindicatos recuerdan, igualmente, que en la reciente legislatura el Parlamento apoyó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantearon los sindicatos para aprobar una renta mínima, si bien quedó bloqueada en el Congreso.
