Ninguna duda tiene el exdirector general de la CAM Roberto López Abad de que el último presidente de la caja, Modesto Crespo, merecía los 600.000 euros que en apenas dos años cobró en concepto de dietas, una remuneración que le va a sentar en el banquillo de los acusados y por la que la Fiscalía Anticorrupción le pide cuatro años de cárcel por los delitos de apropiación indebida y administración desleal al entender que el empresario ilicitano percibió esta cantidad sin hacer nada a cambio.
En el proceso figuran además como acusados López Abad, en concepto de cooperador necesario, y los 19 miembros del consejo de administración que aprobó los pagos así como el nombramiento de Crespo al frente de Tinser Cartera, una sociedad participada al 100% por la CAM que las acusaciones consideran que fue la coartada para asignarle una remuneración de 300.000 euros anuales convirtiéndose así en el primer presidente de la caja que cobraba, además de ser el último antes de la intervención de la entidad por el Banco de España.
El fiscal solicita para el exdirector general otros cuatro años de prisión, tres para los miembros de la comisión de retribuciones que bendijo el abono (de la que formaban parte Antonio Gil Terrón, Martín Sevilla y Luis Esteban) y dos para el resto de los consejeros que les dieron luz verde.
En su recurso contra lo que vendría a ser el auto de procesamiento, Roberto López llama la atención sobre lo que él considera un error al «confundir indebidamente lo percibido por Crespo como presidente de la CAM, un cargo con carácter honorífico y gratuito, con la remuneración como presidente de Tinser».
Hecha esta salvedad, el penúltimo director general de la caja rompe una lanza por las cualidades profesionales de Crespo, de quien destaca su «trayectoria empresarial ampliamente conocida en la ciudad de Alicante», lo que hizo que nadie en la entidad «pusiera en cuestión» su nombramiento al frente de Tinser.
Tras precisar la defensa de López Abad que su única actuación en este asunto fue de «transmitir la postulación que había realizado el presidente de la CAM (es decir, Crespo) para el cargo de presidente del consejo de administración de Tinser» (es decir, Crespo también), el exdirector general mantiene que «la retribución acordada «era acorde a las retribuciones de mercado». Y agrega que «era completamente ajustada a la legalidad porque la misma se percibió por el trabajo realizado por Modesto Crespo para Tinser Cartera con anterioridad y posterioridad a ser nombrado presidente de su consejo de administración», intentando justificar de este modo el que parte de los 600.000 euros los cobrara con carácter retroactivo, algo de difícil justificación vendiéndose además la remuneración como dietas.
También intenta el exdirector general rebatir la declaración que el gerente de Tinser prestó ante el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, tras la que quedó claro que Crespo prácticamente no intervino en la gestión de la mercantil pese a cobrar por ello. Asegura en este punto López Abad que el trabajo del empresario ilicitano consistía no en las tareas administrativas sino «en el desarrollo del negocio tomando contacto con empresas y negociando la participación en las mismas (...) tarea que él mismo desempeñó de forma efectiva con carácter previo a su nombramiento como presidente del consejo de administración de Tinser y con posterioridad».
López Abad niega además que el acta fuera falsificada para introducir la retribución con posterioridad al consejo, como mantiene la mayoría de los consejeros acusados y que él interpreta como únicamente como «unas manifestaciones realizadas en el legítimo ejercicio del derecho de defensa».
El ex alto ejecutivo recuerda por último que él no tenía voto en el consejo de administración, luego no pudo aprobar los pagos.
