La caída en la facturación de hasta el 75% en el pequeño comercio a consecuencia de la crisis económica aparejada a la sanitaria del covid-19, que el sector considera irrecuperable, aboca a la desaparición a más de 4.000 pymes y micropymes de la provincia de Alicante. El sector augura que todos estos negocios se verán obligados a bajar la persiana, convirtiendo en definitivo el cierre por la pandemia, si no se adoptan medidas para relanzar el comercio de proximidad. La destrucción de este tejido productivo triplicaría la pérdida de actividad de la última década, con 1.400 establecimientos destruidos en la provincia, según datos de la Confederación de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia (Confecomerç). La patronal del sector recuerda que el pequeño comercio ha sido uno de los grandes perjudicados en esta crisis, en la que cerca del 70% de los negocios permanecieron cerrados por el estado de alarma y uno de los que más trabajadores ha tenido en ERTE.
El pequeño comercio reclama un plan sectorial que impulse la actividad con una hoja de ruta que permita dar oxígeno a corto, medio y largo plazo a los negocios que durante el confinamiento perdieron unos ingresos ahora mismo irrecuperables. «El proceso en la vuelta a la normalidad y la reactivación del tejido están siendo lentos», señala el presidente de la confederación, Rafael Torres. El sector demanda la prolongación de los ERTE; la prórroga de la prestación por cese de actividad para los autónomos; que se exoneren los impuestos total o parcialmente a estos pequeños empresarios; aplazamiento de pagos de deuda tributaria; así como la suspensión de pago de tributos y bonificaciones fiscales en el IVA, el IRPF y cotizaciones de Seguridad Social para los subsectores más golpeados por el descenso de actividad.
Hay reivindicaciones dirigidas a los ayuntamientos, a los que se insta a utilizar los remanentes de inversiones previstas para obras no realizadas para afrontar acciones que puedan paliar las consecuencias del virus y sirvan para el impulso empresarial y económico de los municipios. «Y por supuesto necesitamos iniciativas de dinamización como incentivo al consumo en el comercio local», señala Torres. El sector reclama microcréditos para dotar a los negocios de liquidez, legislar los alquileres de locales que se han encarecido exponencialmente sobre todo en los centros urbanos, y el impulso de la digitalización. Todas estas cuestiones se plantean en Madrid al Gobierno central de la mano de la Confederación Española de Comercio (CEC), en la que la confederación autonómica ostenta una vicepresidencia.
El presidente de la patronal alicantina del pequeño y mediano comercio (Facpyme), Antonio Sáez, destaca que el comercio, el transporte y la hostelería se redujeron durante el estado de alarma con más fuerza en España que en ningún otro país: un 71% frente al 22% de Alemania, el 61% en Italia o el 44% de media de la Eurozona.
El sector confía en la recuperación del turismo, «fundamental en la provincia de Alicante, donde tenemos un gran número de puntos neurálgicos de acogida de visitantes extranjeros, que representan un incentivo para la reactivación».
Si embargo, se espera un recuperación lenta y progresiva, por lo que «es necesaria, como se ha hecho con otros sectores, una batería de medidas de estímulo en esta nueva etapa. El comercio es una gran locomotora generadora de empleo estable y de calidad. El mantenimiento de los puestos de trabajo es prioritario en el marco de la reconstrucción económica». El pequeño comercio, en continua transformación y vertebrador del territorio, emplea a más de 60.000 personas en la provincia.
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