La desescalada proyectada por el Gobierno para entrar en la «nueva normalidad» por la obligación de convivir con el coronavirus ha generado un nuevo contratiempo para las miles de familias de la provincia de Alicante que viven en una urbanización con piscina-1.500 en la provincial- . De momento, en la fase 1, la actividad en las zonas comunes está prohibida pero a partir de la fase 2, en Alicante a partir del 1 de junio, el aforo de las piscinas estará reducido al 30% y habrá que pedir cita previa para el baño. Los administradores de fincas ponen en el grito en el cielo y advierten de que las comunidades de propietarios no tienen medios para poner en marcha las medidas de control.
El problema es que el Ministerio de Sanidad ha publicado la normativa general para todo tipo de piscinas, sin hacer distinción entre las que están en centros deportivos, públicos y privados y donde es más fácil el control de aforo porque «tienen medios y personal», subrayó ayer Augusto Soler, presidente del Colegio de Administradores de Fincas en Alicante. El problema afecta a las miles de piscinas que existen en la provincia de Alicante, unas mil quinientas en urbanizaciones, aunque resulta imposible saber la cifra oficial.
El aforo máximo permitido será el 30% y la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo. «No hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina», advierten desde el Colegio.
Sanidad establece que para acudir a la piscina se debe obtener cita previa y se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. «No es posible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos». La competencia para regular es de la Junta General de Propietarios y al margen de la enorme controversia que supondría tratar de alcanzar un acuerdo para el establecimiento de turnos hay que recordar que todavía no están autorizadas las reuniones de las comunidades de propietarios lo que impide esta regulación, señalaron ayer desde el Colegio de Administradores.
En las zonas de estancia de los vecinos se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo. «Si se marcan áreas de uso reservado para cada persona y, además, hay que reservar zona para el acceso y de paso (tanto a dichos espacios como al vaso de la piscina o a los vestuarios), el espacio disponible se reduce de tal forma que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, lo que disparará los costes del servicio en proporción al número de usuarios. Tampoco se dispone de recurso para ejercer el control de que los usuarios respetan sus respectivas zonas».
Para facilitar la adopción de acuerdos el presidente del Colegio, Salvador Díez, recuerda que han vuelto a proponer al Gobierno que se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales, flexibilizando los requisitos para la toma de decisiones, el aumento de plazos para la celebración de las reuniones y se confirmen a los propietarios que actualmente los ocupan cargos., con lo que se resolverían muchos de los problemas actuales tanto para la apertura de piscinas como para el resto de los problemas planteados en las distintas fases de la desescalada.
Miles de vecinos afectados y desconcertados
Augusto Soler, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, y vicepresidente del Colegio Nacional, subraya que «desde el principio del estado de alarma hemos pedido que nos aclaren cómo se puede organizar el espacio comunitario en las urbanizaciones. En la provincia hay piscinas de toda superficie, desde los 40 m² a los 400 m², por lo que la regulación es imposible porque no hay medios. No han pensado en nosotros ni en miles de personas».
