El Síndic de Greuges investiga la gestión del gobierno local de Alicante ante la emergencia social en la Zona Norte de Alicante, que se ha visto incrementada notablemente por la pandemia por el coronavirus. Y lo hace a través de una queja de oficio iniciada esta misma semana en respuesta a las continuas denuncias públicas de asociaciones que han tenido que dar un paso adelante para dar respuesta a los problemas de los vecinos ante la supuesta inacción del bipartito de Alicante, dirigido por el popular Luis Barcala. El área de Acción Social, sobre la que se dirigen las principales críticas, está encabezada por Julia Llopis (PP).
En la propuesta de apertura de la queja de oficio, a la que ha tenido acceso este diario y cuya apertura confirmó ayer el Síndic, se explica que la institución autonómica «ha tenido conocimiento de las extremas dificultades por las que están pasando personas que residen en barrios de la Zona Norte de Alicante», como Virgen del Remedio, Juan XXIII, Colonia Requena y Virgen del Carmen». Además, se incide especialmente en las «acciones llevadas a cabo por movimientos solidarios que han surgido de forma espontánea ante la emergencia provocada por la covid-19».
Según el escrito del Síndic, esta situación «ha provocado que muchas personas y familias se encuentren en situaciones extremas, a las que no llegan las ayudas de la Administración». Ante estas carencias, prosigue el texto, «asociación de vecinos, parroquias y empresas de hostelería han unido sus esfuerzos para cubrir las necesidades básicas de sus vecinos», en referencia principalmente a la alimentación y la higiene. Parece que estas iniciativas -sigue el escrito- se desarrollan «sin el apoyo y coordinación de la administración municipal». Así lo vienen denunciando representantes de colectivos sociales, ante la «falta de coordinación y el bloqueo» de la Oficina Municipal de Emergencia Social (OMES), «lo que pudiera estar colapsando el tejido social y vecinal de la ciudad», añade el documento del Síndic de Greuges, que ya ha sido recibido en el Ayuntamiento.
En la propia queja de oficio, el Alto Comisionado de las Cortes pone negro sobre blanco que le «interesa conocer si, por parte del Ayuntamiento de Alicante, se ha elaborado un plan de contingencia para atender las necesidades sociales aparecidas o intensificadas como consecuencia del covid-19». Al respecto, el Síndic reclama que el bipartito le explique «las medidas que viene adoptando para atender las necesidades emergentes aparecidas o intensificadas» como consecuencia del coronavirus, «con especial referencia a los barrios especialmente vulnerables de la ciudad», como Zona Norte o el entorno del Cementerio.
Así, el Síndic solicita al Ayuntamiento que en el plazo máximo de 15 días remita «información suficiente sobre la realidad de los hechos». En especial, el Síndic reclama al bipartito que se le informe sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para dar «cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Políticas Inclusivas, por la que se establecen las directrices para organizar los servicios sociales de atención primaria con motivo del estado de alarma».
En concreto, se requiere información sobre la población atendida como consecuencia de la pandemia, como personas mayores, con diversidad funcional o con problemas de salud mental, además de niños y adolescentes afectados por cierres de comedores escolares, personas contagiadas por covid-19 que no pueden cumplir las normas de aislamiento en sus domicilios, personas sin hogar o que a raíz de la pandemia hayan perdido su fuente de ingresos económicos. También se piden datos sobre personas que por la pandemia de coronavirus no hayan podido despedirse de sus seres queridos o las derivadas a atención secundaria desde el Ayuntamiento.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo autonómico se centra en la Oficina Municipal de Emergencia Social, puesta en marcha por el gobierno municipal tras por la crisis del coronavirus». La controvertida gestión de esa oficina ha provocado una constante bronca entre el gobierno y la oposición en las últimas semanas. Hoy está prevista una reunión entre ambas partes.
La situación que se vive en barrios como Virgen del Remedio o Colonia Requena no es nueva, pero sí que actualmente es peor si cabe. Y así lo llevan denunciando colectivos vecinales, que están asumiendo en primera persona el reparto de comida ante la situación desesperada de muchas familias que no tienen para comer y que tampoco reciben ayudas del Ayuntamiento, al menos en tiempo y forma. «El gobierno local no está respondiendo y tampoco quiere nuestra ayuda», subraya la presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio, Mari Eva Coloma, que trabaja en la Zona Norte junto a otros referentes sociales como Antonio Colomina, de Colonia Requena.
Reacción
La investigación abierta por el Síndic no ha sentado nada bien en el gobierno de Barcala. A preguntas de este diario, el bipartito remitió un escrito de respuesta, en el que muestra su «sorpresa» por que unas quejas vecinales «hayan motivado una queja de oficio por parte de la Sindicatura de Agravios en la que se solicita prácticamente toda la información referida a los Servicios Sociales de este Ayuntamiento». Además, se pregunta, con evidente intención, «a cuántos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se les ha pedido información sobre sus servicios sociales y la respuesta que están dando a la pandemia en los términos» que se ha hecho con Alicante. «El Ayuntamiento intentará recopilar la información solicitada en el menor tiempo posible, pese que cree que en lo que debe centrar sus esfuerzos es a luchar contra las consecuencias de la pandemia», añade el escrito del gobierno local.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento «agradecen» el apoyo ofrecido por colectivos pero puntualizan que «sólo pueden ser desarrolladas por técnicos o personal especializado». Además, ponen en valor la función de la Oficina Municipal de Emergencia Social, que fue «la encargada de poner en servicio en un tiempo récord un centro para atención de personas sin hogar en Florida-Babel». Por último, el ejecutivo local insiste en que ha destinado más de un millón de euros a atender necesidades básicas y ha aprobado una partida económica de siete millones «para seguir dando soporte social a las familias», además de «gestionar a la mayor brevedad posible todas las solicitudes de ayuda económica y prestaciones sociales».
