Las instalaciones de Novocar en cuyo lavadero fue asesinada a tiros la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala el 9 de diciembre de 2016 ya no pertenecerán a esta familia cuando se celebre el juicio por el crimen de la matriarca, cuyo inicio está señalado para el próximo 14 de octubre.
Las tres hijas de María del Carmen Martínez, propietarias del local tras el acuerdo por el que separaron sus intereses empresariales y patrimoniales de su hemano mayor, lo han vendido a una mercantil radicada en el municipio madrileño de Collado Mediano y dedicada al negocio de automoción.
Es la misma actividad que la nave acogió hasta su cierre en agosto de 2017 y a cuyo frente se encontraba Miguel López, yerno de María del Carmen y principal sospechoso de su muerte, por la que se enfrenta a una petición de más de 24 años de prisión por asesinato y tenencia ilícita de armas.
La compraventa fue registrada ante notario el pasado 31 de julio, a poco más de dos meses del inicio de la vista oral. Para ello ha sido preceptiva la autorización de la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada Francisca Bru, a quienes las hermanas a través de Compañía Española de Resinas, la sociedad en la que tienen gran parte de su patrimonio, solicitaron que les autorizara a «formalizar contrato de compraventa o arrendamiento con opción a compra de las instalaciones de Novocar siendo la adquirente o arrendataria la empresa Candelenas Holding S.L.».
Constancia de la medida
El visto bueno no fue inmediato dado que dichas instalaciones no se pueden alterar y la magistrada quería tener constancia de que el interesado en adquirirlas estaba al corriente de la existencia esa medida cautelar para garantizar que la respetaría, como todo apunta que está ocurriendo.
El instructor de la causa, el magistrado José Luis de la Fuente, fijó esta cautela a instancias de Francisco Ruiz Marco, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del hijo mayor de la víctima. El letrado solicitó que se ordenara proteger como «fuentes de prueba» tanto las instalaciones donde se cometió el crimen como el vehículo en el que se encontraba la víctima cuando fue tiroteada, un Porsche Cayenne del que también son propietarias las tres mujeres en virtud del acuerdo antes citado.
La magistrada autorizó la venta tras constatar que el interesado era conocedor de la medida cautelar
Frente a las objeciones que las hermanas plantearon en su momento a esa petición apoyándose en que desde que se cometió el crimen hasta que se solicitó no se habían adoptado medidas cautelares ni respecto a Novocar ni en cuanto al coche, el instructor respondió que más que de «verdaderas medidas cautelares» se trata del «aseguramiento y conservación (...) en evitación de su deterioro o destrucción» ante la posibilidad de que el tribunal, de así estimarse, precisara realizar su propia inspección ocular. Algo que no sería posible «si las instalaciones de Novocar fueran derruidas o reformadas».
El juez tampoco compartió el planteamiento de las mujeres de que hay en las diligencias una detallada descripción tanto del vehículo como de las instalaciones «dado que el futuro de la medida no es el complementario de tal consignación sino el preparatorio para una posible futura apreciación directa y personal del tribunal y de los miembros del jurado que podría entenderse preferente al mero examen indirecto de las diversas actas, fotografías y vídeos de los que ya se ha hecho acopio».
Premonición
Premonitoria fue la precisión del magistrado porque esa «apreciación directa y personal del tribunal» del lugar donde se cometió el crimen es la primera actividad que van a tener los miembros del jurado.
A petición de las partes, la magistrada ha señalado la tarde del primer día de la vista oral, antes de que con Miguel López se inicie la ronda de declaraciones, para que los nueve jurados se desplacen hasta la instalaciones de lo que era Novocar y realicen una inspección ocular del lavadero donde fue tiroteada así como del resto del local.
Es de suponer que, tras esta inspección in situ, los nuevos propietarios de Novocar no tarden mucho en disponer libremente de unas instalaciones por las que han abonado más de dos millones. En el registro de la propiedad, junto al asiento de la operación de compraventa, aparece otro de una hipoteca.
Tras ser informado el comprador de la prohibición de tocar el local hasta que la autoridad judicial diga lo contrario, se estableció la obligatoriedad de incluir en la escritura una cláusula donde consta que «es conocedor de la limitación judicial que recae sobre el inmueble (...) comprometiéndose a mantenerlo en su estado actual y a ponerlo a disposición de la causa judicial en orden a posibilitar ulteriores diligencias probatorias que pudieran requerirse con advertencia al futuro comprador o arrendador que en caso de no hacerlo podía incurrir en un delito de desobediencia (...) haciéndose saber al interesado que en caso de querer transmitir la finca a un tercero deberá recabar nuevamente autorización al respecto».
