Vender Novocar, las instalaciones en las que el 9 de diciembre de 2016 fue asesinada a tiros María del Carmen Martínez. Es lo que quieren hacer las hijas de la víctima, actuales propietarias del local, dos de las cuales se han dirigido a la magistrada Francisca Bru, presidenta del jurado popular que enjuiciará el crimen de su madre, para saber si pueden hacerlo. La tercera es la mujer de Miguel López, único acusado por la muerte de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala.
La duda no la ha disipado la magistrada, quien ha devuelto a sus remitentes la comunicación que le habían hecho llegar habida cuenta de que ninguna de ellas es parte del proceso. Ambas, Mar y Antonia, personadas como acusación particular en la causa por el asesinato de su madre, fueron expulsadas del proceso después de que presentaran un escrito de acusación en el que no acusaban a su cuñado Miguel López, el único encausado por este crimen. La decisión no fue recurrida por las mujeres por lo que desde ese momento están fuera del procedimiento.
Fuera de uso
Las instalaciones de Novocar, un negocio de vehículos multimarca situado junto al cementerio de Alicante,se encuentra cerrado desde el verano de 2017, cuando los cuatro hermanos Sala (entonces todos ellos propietarios del mismo) decidieron abandonar la actividad. Habían transcurrido ocho meses desde el crimen.
Tras pasar la propiedad a manos de las tres hermanas (en virtud del acuerdo por el que los Sala separaron sus intereses patrimoniales), Francisco Ruiz Marco, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre del primogénito, solicitó al instructor que ordenara proteger como «fuentes de prueba» tanto las instalaciones donde se cometió el crimen como el vehículo en el que se encontraba la víctima cuando fue tiroteada, del que también son propietarias las tres mujeres en virtud del acuerdo antes citado.
Frente a las objeciones de las hermanas a esta petición en el sentido de que desde que se cometió el crimen no se habían adoptado medidas cautelares ni respecto a Novocar ni en cuanto al coche, el instructor respondió que más que de «verdaderas medidas cautelares» se trata del «aseguramiento y conservación (...) en evitación de su deterioro o destrucción» ante la posibilidad de que el tribunal, de así estimarse, precisara realizar su propia inspección ocular. Algo que no sería posible «si las instalaciones de Novocar fueran derruidas o reformadas».
El juez tampoco compartió el planteamiento de las hermanas de que hay en las diligencias una detallada descripción tanto del vehículo como de las instalaciones «dado que el futuro de la medida no es el complementario de tal consignación sino el preparatorio para una posible futura apreciación directa y personal del tribunal y de los miembros del jurado que podría entenderse preferente al mero examen indirecto de las diversas actas, fotografías y vídeos de los que ya se ha hecho acopio».
De hecho, como prueba para la vista oral se ha solicitado que el jurado se desplace a las instalaciones de Novocar. Una petición insólita a la que ahora tiene que responder la presidenta del tribunal.
Pendientes de la vista con la presidenta del jurado
El proceso que conducirá a la celebración del juicio por el asesinato de María del Carmen Martínez se encuentra pendiente en este momento de la vista que tiene que fijar la presidenta del jurado popular, la magistrada Francisca Bru. Un acto preparatorio de la vista oral en el que tanto las acusaciones (la pública y la particular que se ejerce en nombre del hijo mayor de la víctima) como la defensa expondrán lo que ya han planteado en sus escritos de personación.
Entre las cuestiones a las que tendrá que dar respuesta la juez se encuentra la solicitud por parte de la defensa de Miguel López, el único acusado del crimen (por el que se enfrenta a más de 24 años de prisión), de que su cliente sea juzgado por un tribunal ordinario, en vez de uno popular, para evitar el juicio paralelo dado el interés mediático que ha despertado el crimen de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. La defensa de López plantea como alternativa a esta petición que, en todo de recharse, la vista se celebre fuera de la Comunidad, a puerta cerrada y con jurados elegidos de otros puntos del país. Un planteamiento que, como ha alegado la acusación, contraviene la propia Ley de Jurado.
