Han bastado tres de las once sesiones programadasque se está celebrando en la Audiencia de Alicante por el abono de 600.000 euros a Modesto Crespo por parte de la CAM para concluir que la remuneración que convirtió al empresario ilicitano en el primer presidente de la caja con sueldo (300.000 euros al año) se ocultó al consejo de administración cuyos miembros (19) están siendo juzgados por dar luz verde a estos pagos.
El fiscal les acusa de urdir un plan ideado por el exdirector general Roberto López Abad para burlar las limitaciones que existían en materia de retribuciones a los consejeros generales, entre los que se encontraba el presidente. Pero de las declaraciones prestadas hasta el momento no parece quedar duda de que el acuerdo que se llevó al consejo del 27 de noviembre de 2009 fue el de nombrar a Crespo al frente del consejo de administración de una empresa participada por la caja (como presidente de la CAM sólo podía percibir dietas por desplazamientos y asistencias), pero no que fuera a cobrar por ello. Y mucho menos con carácter retroactivo.
Como una cantinela han ido repitiendo nueve de los doce exconsejeros (el empresario Aniceto Benito se acogió a su derecho a no declarar) que han comparecido ante el tribunal presidido por el magistrado Javier Martínez Marfil que en aquel consejo nada se escuchó de esos pagos y que si después aparecieron recogidos en el acta es porque alguien se ocupó de manipularla para introducir ese punto.
Aunque también es cierto que no se puso mucho celo en la consulta del documento, se trata de una acusación de falsedad en toda regla. Una denuncia de la que se ha desmarcado López Abad, quien se está dejando la piel en justificar un sueldo que el propio beneficiario ya ha confesado que cobró sin deber, es decir, sin hacer nada que lo mereciera y en un momento en que caja comenzaba a hacer aguas. Una postura, la del exdirector general, a la que se ha sumado el exsecretario del consejo José Forner y dos de los tres miembros de la comisión de retribuciones ( Martín Sevilla y un dubitativo Gil-Terrón) que informó a favor de los pagos. El testimonio del tercero, Luis Esteban, deja claro, sin lugar a dudas, que quienes afirman que la cuestión económica no se llegó al consejo están en lo cierto.
Es la misma afirmación que van a mantener los cinco exconsejeros que aún quedan por declarar, que lo harán mañana, y que hace especialmente interesante la comparecencia prevista para el martes de Juan Martínez-Abarca. Él era el jurista de la caja y encargado de velar por que las actas recogieran fielmente lo que ocurría en las reuniones del consejo, quien inicialmente fue citado como imputado en este proceso y que al final comparecerá como testigo. Es decir, con obligación, a diferencia de los acusados, de no faltar a la verdad. Algo a lo que estarán muy atentas las defensas de los consejeros que se sienten engañados (quienes se enfrentan a una petición de entre dos y tres de prisión) y que no dudarán en reaccionar a la primera inexactitud que detecten. Un paso que, de darse este supuesto, podría incluso materializarse en una querella.
