Un juzgado de Primera Instancia de Murcia está instruyendo la demanda que un abogado de esa ciudad ha presentado contra las tres hijas del expresidente de la CAM Vicente Sala y de María del Carmen Martínez a las que reclama el pago de una deuda de 557.984 euros.
El letrado Patricio Martínez pide esa cantidad por los servicios que junto a otros tres compañeros prestó para encontrar una solución al conflicto empresarial que mantenía enfrentadas a las tres mujeres con su hermano Vicente. Una tarea para la que se firmó un contrato que ellas rompieron en abril del año pasado tras meses de negociaciones y cuyo cumplimiento, «en lo relativo al pago de horarios sin entrar en daños ni perjuicios», exige el letrado porque sostiene que «el trabajo se hizo».
Las tres hermanas ya han respondido a la demanda aduciendo que cambiaron de bufete por falta de confianza y porque podían obtener más del primogénito, para lo que han aportado el acuerdo alcanzado con sus nuevos abogados, pendiente aún de firma, y que en opinión del demandante es menos beneficioso para ellas que el que él logró.
La relación de las tres mujeres con este letrado se remonta a antes de que el 9 de diciembre de 2016 su madre fuera asesinada de dos disparos en la cabeza en el establecimiento de automoción que regentaba Miguel López, casado con la pequeña y único sospechoso del crimen.
Aunque las relaciones tanto en ámbito empresarial como en el familiar ya eran insostenibles antes de la muerte de la matriarca, fue a raíz de su asesinato cuando las reuniones para alcanzar un acuerdo se intensificaron. A la vista de que los abogados que venían representando a Mar, Antonia y Fuensanta, del bufete Uría Menéndez, no obtenían resultados, las tres mujeres le encargaron al ahora demandante la búsqueda de una solución que pasara por uno de estos tres puntos: permanecer en el consejo de Samar (la mercantil de plástico) en igualdad con su hermano, que él saliera de la sociedad o que fueran ellas las que se marcharan recibiendo la justa compensación al 60% de la propiedad que entre las tres tienen del entramado familiar.
Dado que la condición indiscutible para Vicente Sala era separarse totalmente de sus hermanas, las negociaciones se enfocaron al tercer supuesto «fijándose unos máximos y unos mínimos en cuanto al total reparto del patrimonio», según explica el demandante.
Tras «arduas, intensas y difíciles negociaciones» con los representantes del primogénito se llegó a un entendimiento en el marco de una situación delicada para la empresa. El principal proveedor de Samar, del que depende la actividad de la mercantil, había avisado ya en varias ocasiones de la necesidad de resolver los confictos societarios para continuar con el negocio.
Patricio Martínez asegura que se alcanzó un acuerdo «por el máximo que nos indicaron» y que, además, «era conocido por las tres hermanas, que dieron su beneplácito a todo lo actuado y tramitado» para, de repente, rescindir el contrato «porque no les satisfacía el reparto, pero sin indicar por qué».
A partir de ese momento, las tres hermanas buscaron otros abogados «y se marcharon sin pagar». Habían entregado 50.000 euros como provisión de fondos de una minuta de 607.964 euros.
El demandante insiste en que el acuerdo que se había conseguido cerrar en Murcia con los representantes de Vicente Sala era mejor que el logrado el pasado diciembre entre los cuatro hermanos con los nuevos abogados de las tres mujeres.
Martínez pone como ejemplo que de haberse firmado aquel primer pacto se habría podido salvar Novocar, el negocio de automoción de la familia hoy liquidado. Vicente Sala incluyó en las negociaciones el aval que para comprar la flota necesitaba la empresa de rent a car Solmar de la que se nutría Novocar y que generaba beneficios. Eso, además del coste de los pleitos civiles y mercantiles en los que se embarcaron, hoy todos suspendidos.
Con la demanda constestada por las hermanas, falta que el señalamiento de la previa y, de manterse las demandadas en sus posiciones, la vista oral, que se celebraría en año y medio.
