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Expropiación de YPF

Bruselas advierte de que habrá consecuencias

Aboga por encontrar una "solución de mutuo acuerdo que no dañe el clima empresarial y las relaciones entre la UE y Argentina"

EFE/EP/Bruselas  La Comisión Europea ha advertido al Gobierno argentino de que la expropiación del 51 % del capital social de YPF, controlada por la española Repsol, enviaría una señal "muy negativa" a los inversores y podría dañar seriamente el clima de negocio en el país.

"Una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores -nacionales e internacionales- y podría dañar seriamente el clima empresarial en Argentina", señaló el portavoz europeo de Comercio, John Clancy, en declaraciones a Efe.

Clancy expresó el deseo de la Comisión Europea de que las diferencias entre el Gobierno argentino y Repsol YPF puedan ser limadas a través de una solución común que satisfaga a ambas partes.

El Ejecutivo comunitario aboga en este sentido por encontrar una "solución de mutuo acuerdo que no dañe el clima empresarial y las relaciones entre la UE y Argentina".

La semana pasada, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, envió un mensaje a la oficina de Cristina Fernández a través de la delegación de la Comisión en Buenos Aires en el que mostraba su preocupación y pedía respeto a los compromisos del país con las inversiones extranjeras.

Antes, la CE había hecho público que estaba "del lado de España" en esta polémica con Argentina, aunque reconocía que no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar al país latinoamericano con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios.

Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la CE adquirió competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, aún no hay instrumentos legales, por lo que el marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina.

El acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas, pero no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.

Paralelamente, las fuentes comunitarias precisaron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) "no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en ese organismo multilateral con Argentina, por lo que la UE "no tiene posibilidad de reaccionar" tampoco sobre esa base.

Los próximos días 19 y 20 de abril está previsto que se reúna el comité conjunto UE-Argentina en Buenos Aires.

Antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la CE ya ejerció con éxito presiones diplomáticas sobre Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.

Rubalcaba expresa su apoyo al Gobierno

Por su parte, elsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha expresado su apoyo al Gobierno y ha hablado con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para trasladarle también su apoyo a esta compañía.

"Como ya ha dejado claro en los últimos días, el PSOE respalda al Gobierno en las medidas que tenga que tomar en defensa de los intereses de las empresas españolas", han señalado fuentes.socialistas

Durante el fin de semana, Rubalcaba ya había mantenido una conversación con el presidente de Repsol en la que éste le había trasladado que era optimista ante la evolución del conflicto en relación con YPF.

IU:"Es una vergüenza que el Gobierno defienda a Repsol"

Izquierda Unida considera que la expropiación de YPF no es un "ataque a España" pues Repsol es una entidad privada "de distintas nacionalidades" y cree "una vergüenza" que el Gobierno español haya salido en defensa de la compañía petrolera.

El portavoz económico de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado de IU por Málaga, Alberto Garzón, ha señalado que "Repsol no es técnicamente una empresa española", pues más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero, y además "proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios", ya que en nuestro país declara el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo.

Por ello, sostiene que en este conflicto "no están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades -y entre ellas, en menor grado, españoles-".