n La plataforma de información y orientación jurídica «Afectadoscoronavirus.org» pidió este miércoles que se cree una mesa de diálogo en la que estén presentes los propietarios de los geriátricos y residencias de España y representantes de las consejerías de Salud de cada autonomía, con el fin de pedir justicia y se clarifique lo ocurrido en las residencias, lugares donde han muerto «miles de personas».
En concreto, los representantes de la plataforma consideran que cerca de 5.400 personas han fallecido en residencias de ancianos con covid-19, una cifra que elevan a más de 19.600 si se tienen en cuenta los muertos con síntomas similares a los que produce el coronavirus. Ante ello, se pide que en el foro de encuentro se logre dar una solución a los familiares de los fallecidos.
En esta línea, su objetivo -subrayan- no es llenar de litigios los tribunales - «no somos potenciales pro litigios», han dicho -, pero sí que se restaure en la medida de lo posible la dignidad de las víctimas y el sufrimiento de sus familiares y «que esto no vuelva a ocurrir». Pero además también pretenden que se reforme la ley que controla la gestión de los geriátricos porque, en su opinión, ha quedado «vieja y obsoleta»; una petición que han enviado por carta a la vicepresidencia del Gobierno.
Para avanzar en este sentido insisten en la necesidad de poner en marcha una auditoría urgente que se realice a nivel autonómico o por una empresa privada para analizar qué ha pasado y en qué se puede mejorar «No puede ser que los fondos de inversión, gestores de geriátricos, recojan dividendos y se vayan de rositas y no digan nada. Tienen que sentarse y tener un compromiso social con las miles de muertes y que digan que ha ocurrido», afirmó ayer el miembro de esta plataforma Ángel Juárez, quién no descartó «la vía penal».
Falta de transparencia
Por otro lado, otro de sus miembros, Abraham Granadino defendió la apertura de la auditoría porque, a su juicio, no existe «una transparencia real» desde los centros geriátricos cuando se les pide información, mientras que la abogada Ana Romero aseguró que la plataforma entiende los litigios como último recurso para defender los intereses de los afectados, pero que se están viendo abocados a ello por la falta de comunicación y de presencia de los gerentes de las residencias.
