La Generalitat ha concedido el tercer grado a los nueve presos del 'procés', al aceptar la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas en las que cumplen condena para que pasen a este régimen de semilibertad, cuya última decisión recae en el tribunal sentenciador, en su caso el Tribunal Supremo.

El equipo del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales ha avalado la propuesta del pasado 2 de julio de las juntas de tratamiento de las cárceles de mujeres de Barcelona en relación con Carme Forcadell; Puig de les Basses (Figueres), Dolors Bassa; y Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Los equipos de estas prisiones han notificado este mismo martes la resolución a los dirigentes independentistas que, a partir de ahora, acudirán a un centro penitenciario a dormir y los fines de semana podrán pasarlos en sus casas.

Todas las resoluciones, según la administración penitenciaria, son el resultado de un análisis individualizado de cada uno de los internos. No obstante, en el conjunto de los casos, el servicio de clasificación concide en subrayar la participación en actividades de razonamiento, juicio crítico y resolución de conflictos, así como la "máxima colaboración" con el resto de presos y con los profesionales de las prisión y la ausencia de incumplimientos judiciales y expedientes disciplinarios.

Favorecer la reinserción

El servicio de clasificación también ha tenido en cuenta, agregan las mismas fuentes, que todos los dirigentes independentas presos disponen de "una red social y familiar favorable" para la rehabilitación, junto con un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia. Es por todo ello que, "con el objetivo de favorecer y consolidar el intinerario de reinserción sociolaboral en el ámbito privado", las autoridades penitenciarias ha resuelto condecerles el tercer grado. Desde que las juntas de tratamiento formularon sus propuestas, el equipo del servicio de clasificación disponía de un máximo de dos meses para estudiarlas, con el propósito de "garantizar la coherencia de los criterios del conjunto de centros penitenciarios". Los técnicos no han agotado ese plazo.

Serán las juntas de tratamiento de cada una de las cárceles donde están ingresados los líderes soberanistas las que establecerán las fechas a partir de las que se aplicará el tercer grado, los horarios concretos y si, es necesario, los cambios de actividad que desarrollarán fuera de las prisión. En la actualidad, todos ellos podían abandonar la cárcel para trabajar o hacer voluntariado en aplicación del aartículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite una mayor flexibilización del cumplimiento de la pena impuesta.

Recurso al Supremo

La ley establece que el servicio de clasificación, compuesto por cinco juristas y cinco psicólogos, ha de trasladar sus resoluciones de tercer grado a la fiscalía, que las puede recurrir primero ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente y en última instancia ante el tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo. Habitualmente, las autoridades penitenciarias avalan en el 95% de los asuntos las decisiones de las juntas de tratamiento. Además de la condena, las juntas de tratamiento tienen en cuenta otros factores, como la conducta, el nivel de adaptación de los reclusos, la capacidad de reinserció, el riesgo de reincidencia y el tiempo que han permanecido en la prisión.

La fiscalía se ha ido oponiendo sistemáticamente a las decisiones tomadas por la Generalitat respecto a los dirigentes independentistas encarcelados. Sus recursos han llegado a la Audiencia de Barcelona, pero la fiscalía del Tribunal Supremo que es el alto tribunal el competente para resolverlos los recursos en última instancia, como ocurre con los terceros grados penitenciarios.