El juez de Instrucción número 4 de Sevilla ha procesado al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda y a varias personas más por presuntas irregularidades en los 4,9 millones de euros de subvenciones recibidos por varias empresas vinculadas al ex alto cargo.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha dictado cuatro autos en los que acuerda continuar por los trámites del procedimiento abreviado las cuatro causas seguidas contra Ojeda, que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990.
Las subvenciones fueron obtenidas en 2013 por la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, la Fundación Profesional para el Empleo (Forpe), la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA) y la Asociación para la Calidad Europea (Inteca).
El instructor considera que podría haberse producido delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Seguridad Social y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que en 45 días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
El magistrado manifiesta en sus autos, fechados el 10 de junio, que hay indicios de que el Grupo Prescal, integrado por una serie de sociedades mercantiles y fundaciones entre las que se encuentran las cuatro citadas, "todas ellas actuando de manera coordinada por Ojeda", accedió desde 2013 a diversas subvenciones "otorgadas en el marco de los planes de formación y empleo, concedidos por el Servicio de Empleo Estatal".
En la consecución de estas subvenciones "se infringieron las normas relativas a los presupuestos para su obtención, así como las referentes a la justificación de gastos", según los autos.
El juez añade que existió un "concierto" entre las distintas entidades, de modo que "alguna de las empresas aparecía como solicitante de la ayuda a curso de formación" y otras como "proveedoras de materiales o servicios o como arrendadoras de locales".
Eso "generaba un marco ficticio de gastos que se imputaban a las ayudas a los cursos, con el objeto de destinar el importe de las ayudas, concedidas para la formación, a finalidades distintas, propias de los intereses particulares de las entidades" del grupo.
"Con este mismo fin se imputaban a los cursos los costes relativos a distintos trabajadores de las empresas del grupo, sin que efectivamente desarrollasen trabajo alguno en los cursos de formación", indica el juez, que resalta el "cuantioso perjuicio para la Seguridad Social".
El juez precisa que las cuatro empresas obtuvieron sendas subvenciones destinadas a impartir cursos de formación y debía cumplirse un porcentaje de trabajadores en situación de desempleo respecto de los que tenían empleo "de no menos del 30 por ciento ni más del 40 por ciento".
Todo ello, según el juez, se tradujo en la defraudación de 1.248.002 euros en el caso de Inteca; de 1.063.028 en relación a AEA; 995.079 euros en cuanto a Forpe; y 1.190.784 euros con respecto a Humanitas.
En todos los casos "se optó por dar de alta, de manera ficticia, a personas interesadas en participar en el curso, de modo que podían aparecer como receptores del curso en condición de empleados pese a que su verdadera condición era la de desempleados".
