El Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, lleva días pidiéndole al PP que deje de defender en Bruselas que la Unión Europea ponga condiciones al fondo de 750.000 millones de euros para la reconstrucción tras la pandemia. Esos requisitos podrían convertirse en una ristra de obstáculos para poder acceder a las ayudas. Los populares españoles se han alineado con los países que defienden las políticas de austeridad y que consideran que los países del sur (España e Italia, especialmente) no han hecho las reformas necesarias en sus economías cuando tocaba. El PP comparte ese análisis con los gobiernos de Suecia, Austria, Dinamarca y los Países Bajos (un paraíso fiscal, según varias organizaciones internacionales), una posición que Sánchez ha intentado cambiar, sin éxito, estos últimos días. Así se puede ver en las conclusiones de la comisión de reconstrucción que los conservadores españoles registraron anoche en el Congreso de los Diputados, en las que Pablo Casado insiste en que ese dinero conlleve condiciones.

Los diputados del PP que han analizado las políticas europeas han escrito un documento y un decálogo que deja negro sobre blanco la necesidad de que el Gobierno español, en aras de la "responsabilidad y credibilidad", se comprometa a "adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenabilidad de sus cuentas públicas y la eficacia en la ejecución de los fondos que se reciban".

Sigue aquí el minuto a minuto sobre la crisis del coronavirus

El fondo de ayuda, afirman los populares españoles, ha de servir de estímulo "para impulsar unas reformas dirigidas a la sostenibilidad ecológica, la transición digital, el desarrollo económico y el progreso social". Se debe evitar, añaden, que ese dinero se use para "financiar industrias no competitivas o que se empleen en proyectos ajenos al del crecimiento sostenido y de una recuperación a largo plazo". "Los instrumentos comunitarios de financiación han de tener el objetivo de provocar una transformación real de la economía", se puede leer en el documento.

Casado quiere que se mantenga, especialmente, la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy y que el PSOE se ha comprometido a derogar en un pacto con EH Bildu, tal como figuraba ya en el pacto entre los socialistas y Podemos.