El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, abogó ayer por la necesidad de diseñar cuanto antes un plan creíble y a medio y largo plazo de reducción del déficit y la deuda pública española, pero empezar a aplicarlo «solo cuando la economía recupere una senda de crecimiento sólido». Además, el gobernador recomendó «extender y adaptar» los mecanismos de apoyo a empresas y trabajadores. Durante su intervención en la última jornada de comparecencias en la Comisión para la Reconstrución Social y Económica en el Congreso de los Diputados, Hernández de Cos advirtió de los riesgos que tendría una retirada «prematura, anticipada o temprana» de los estímulos, pero subrayó la conveniencia de adaptarlos a las nuevas circunstancias.
En particular, se mostró a favor de «prolongar los ERTE», de dotar a las empresas de «mecanismos de flexibilidad» ante potenciales ajustes y de prorrogar la fórmula de los créditos ICO (préstamos a empresas avalados por el Estado) a favor, sobre todo, de pymes «con perspectivas sólidas de viabilidad». Desde el punto de vista del gobernador, la sociedad y la economía española encaran la necesidad de acometer un agenda de reformas a corto y medio plazo «ambiciosa, urgente, integral, permanente y evaluable» en el tiempo. «La inacción juega en nuestra contra», dijo, para subrayar la urgencia. «Las líneas maestras de esa agenda deberían gozar de un alto grado de consenso político y social», para varias legislaturas, añadió, para enfatizar la necesidad de pactos.
Consolidación fiscal
Para la reducción a medio plazo del déficit y de un nivel de deuda pública que podrá situarse entre el 115% y el 120% del PIB (lejos del objetivo europeo del 60%), Hernández de Cos sugirió retomar como guía la senda de una reducción anual del déficit estructural del 0,5% del PIB a partir del momento en que se consolide la recuperación. «Es factible, siempre y cuando se diseñe un programa» de objetivos, plazos y consenso, apuntó. Después de su anterior intervención en el Congreso, en mayo, Hernández de Cos acudió ayer a la Comisión para la Reconstrucción con nuevos datos que avalan su afirmación de que la economía se encuentra ante la recesión «más abultada en tiempos de paz».
Tal como apuntó el organismo en la última actualización de sus previsiones, después de una caída del PIB español del 5,2% en el primer trimestre, se prevé un desplome de entre el 16% y el 22% en el segundo. Para el conjunto del año, las perspectivas del organismo apuntan a un descenso del PIB de entre el 9% y el 15% en función, sobre todo, de posibles rebrotes del virus.
En este contexto, el representante en España de la autoridad monetaria europea que es el BCE, reclamó medidas de apoyo a la recuperación en el corto plazo. Y, a medio y largo plazo, abogó ante los diputados por acometer una «ambiciosa» agenda de reformas para aumentar el crecimiento potencial de la economía española, adaptada a los cambios estructurales precipitados por la pandemia, como el teletrabajo.
En este bloque situó el impulso a la investigación y la reforma de la educación, pero también cambios en el mercado laboral (contra la temporalidad y el paro de larga duración) y en el sistema de pensiones, así como «una política migratoria adaptada a las necesidades del mercado de trabajo».
En materia de pensiones, abogó por determinar «el nivel de prestaciones que queremos tener» y, a partir de ahí movilizar recursos; además, subrayó la conveniencia de mecanismos que permitan ajustar la creciente esperanza de vida de las personas «con la cuantía de las prestaciones o la edad de jubilación».
