La jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación por no prohibir la manifestación del 8-M ha decidido archivarla provisionalmente al no ver suficientes indicios de delito. En un auto, la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, concluye tras la investigación practicada que Franco «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones» entre el 5 y el 14 de marzo, tal como informa EFE.
En su resolución, la magistrada deja patente la «permanente y absoluta» inactividad jurídica del delegado ante la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas que, recalca, «aumentaron el riesgo de contagio del coronavirus covid-19, es decir supusieron un riesgo para la salud pública». Pero argumenta que Franco «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario». También establece que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del coronavirus Covid-19». Ante esta decisión, Unión de Oficiales, Asociación de Consumidores y Usuarios, y la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, las tres asociaciones personadas como acusación en el procedimiento, han anunciado que recurrirán.
Horquilla de tiempo
La jueza explica que la horquilla temporal de la investigación comienza el 5 de marzo ya que el día 2 el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitió el informe al que hace referencia la denuncia que dio lugar a este procedimiento. Recuerda que dicho informe alertaba de la gravedad de la crisis sanitaria del coronavirus covid-19 en los estados miembros de la UE.
La magistrada añade que dicha horquilla termina el 14 de marzo, por ser ésta la fecha del real decreto por el que se declaraba el estado de alarma en España ante la pandemia, cuyo artículo 7 limitaba la libertad de circulación de las personas.La jueza aclara que el archivo es provisional y deniega la petición de la Abogacía del Estado de sobreseimiento libre, debido precisamente a esa «permanente inactividad jurídica en relación con las concentraciones y manifestaciones y la covid-19».
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, evitó valorar el archivo provisional. «El Gobierno no valora decisiones judiciales pero estoy convencido de que los españoles saben que el Gobierno lo ha dado todo para derrotar al virus», subrayó.
Por último, la ministra Margarita Robles calificó de «mezquinas» las acusaciones de algunos partidos contra el Gobierno, y aunque ha admitido que se puedan haber cometido errores, ha recalcado que lo que queda claro es que siempre ha intentado salvar vidas.
