Más de dos meses y medio después de que se aprobara el estado de alarma, España empieza a ver la luz al final del túnel. Con la sexta y última prórroga que el Congreso aprobó ayer, el periodo excepcional frente al virus acabará el 21 de junio, tras un periodo de confinamiento muy estricto que ha cambiado, entre otras muchas, las piezas de la política. «Nada será igual después de esto», insistían en la Moncloa al comienzo de la pandemia. Pero los colaboradores de Pedro Sánchez no contemplaban entonces los sobresaltos que han vivido. Ni el acoso y derribo por parte del PP y Vox, ni la presunta necesidad de pactar con EH Bildu, ni la crisis en la Guardia Civil entraban en sus planes. Tampoco el hecho de que la última extensión de la alarma fuese casi un paseo parlamentario, en comparación con las negociaciones inmediatamente anteriores, gracias a los rápidos pactos con ERC, Cs y el PNV.
En términos estrictamente numéricos, Sánchez coge aire. Ha logrado recuperar la mayoría que hizo posible su investidura, al volver a atraer a los republicanos, con quienes acordó su abstención a cambio de que las autonomías recuperen sus competencias en la fase 3. Al mismo tiempo, ha pactado en varias ocasiones con Cs, partido instalado en la confrontación hasta hace muy poco, ensanchando, en teoría, el margen del Ejecutivo para aprobar sus iniciativas. Empezando por los Presupuestos Generales del Estado, que siguen siendo los que sacó adelante Mariano Rajoy en el 2018, días antes de la moción de censura.
Escepticismo ante el giro naranja
Pero en la Moncloa se muestran escépticos. El entorno del presidente ve muy difícil consensuar las cuentas públicas con los naranjas y al mismo tiempo con los grupos que permitieron su reelección, mayoritariamente de izquierdas. El Gobierno teme también que conforme se acerquen las elecciones catalanas el entendimiento con ERC se complique. Y preocupa lo ocurrido en Interior durante los últimos días, con el ministro Marlaska, dando explicaciones contradictorias sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.
El PP y Vox, que llevaban ya tiempo volcados en el ataque frontal al Gobierno, han encontrado en este episodio la piedra sobre la que levantar su tesis de que Sánchez es un presidente «radical» y casi antidemocrático, que no deja trabajar a las Fuerzas de Seguridad ni respeta la independencia judicial. Pero esta actitud de rechazo a todo lo que salga de la Moncloa por parte de la derecha y la ultraderecha ha servido para cimentar la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Pocas cosas unen más que el ataque externo.
Ambos partidos han mostrado sus diferencias durante la crisis. El tono del discurso político es una de ellas, y en el PSOE no gustaron las acusaciones de Pablo Iglesias a Vox de «querer un golpe de Estado». La acusación casaba mal con la actitud que quiere Sánchez, quien intenta, y no siempre consigue, elevarse por encima de este ambiente crispado, casi irrespirable, muy distinto al de otros países de la UE. Por lo que volvió a llamar a la «unidad» durante un discurso optimista, alejado de las sombrías advertencias del comienzo de la pandemia. «Estamos viendo cuajar el odio en Estados Unidos y no queremos verlo en España», pidió a la oposición.
No tuvo ningún éxito. Pablo Casado acusó al Ejecutivo de comportarse como los «regímenes totalitarios» y hacer «purgas» en la Guardia Civil. Para Santiago Abascal, Sánchez es una «catástrofe»; Iglesias un «guerracivilista» y el Gobierno en su conjunto, «negligente» y «criminal».
Frente a los ataques del PP y Vox por autorizar antes de la alarma las marchas por la igualdad, Sánchez dijo: «Viva el 8-M». Las respuestas de los dos partidos fueron similares. Casado: «Decir 'viva el 8-M' es el grito de rabia de un boxeador sonado». Abascal: «Gritar 'viva el 8-M' es tanto como gritar 'viva la enfermedad', 'viva la muerte'».
