La jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, no quiere dar pábulo al argumento de la Abogacía del Estado de que el procedimiento que instruye para determinar la incidencia en el covid de la manifestación del 8-M es una «causa general». De ahí que haya rechazado incluir como denunciado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
La providencia de la magistrada ha sido respondida por un recurso de los servicios jurídicos del Estado, en el que se oponen a las citaciones previstas, entre ellas la del único imputado de la causa, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, hasta que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre su impugnación contra la admisión a trámite de la denuncia inicial. Se trata de la interpuesta por el abogado no ejerciente Víctor Valladares y que también se dirigía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los delegados del Gobierno por no haber impedido este tipo de concentraciones. La jueza solo la admitió en lo relativo al delegado madrileño, el único al que puede investigar.
Respecto a la imputación de Simón, la magistrada precisa que «los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo», cuando se decretó el estado de alarma. Añade que hay al menos dos procedimientos en juzgados madrileños contra el director del centro de alertas y emergencias sanitarias, por lo que debe ser allí donde, en su caso, se inste la imputación.
La magistrada, que ha admitido la personación en el procedimiento como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, con fianza de 1.000 euros, pero aún tiene pendiente la de la asociación creada por Valladares, rechaza también imputar a funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que no se identifica, pero a los que se atribuyen varios delitos.
Por su parte, la Abogacía del Estado quiere que se suspendan todas las declaraciones hasta que la Audiencia de Madrid resuelva su primer recurso. Denuncia «el perjuicio que se está causando» a Franco por las diligencias realizadas durante el estado de alarma, pese a no ser urgentes, y critica el «claro sesgo acusatorio»del informe del instituto armado que «parecería que lo que se persigue, lo sospechoso y lo criminalmente reprobable es gestionar la desconvocatoria voluntaria» de manifiestaciones antes del 9 de marzo.
Además, es muy crítica con la petición de Rodríguez-Medel al forense que precisara el informe que negó causalidad entre la manifestación y los contagios, lo que hizo que se cayera el delito de lesiones y la causa se limite a prevaricación administrativa.
