Luz verde al ingreso mínimo vital. El Gobierno aprobó en su Consejo de Ministros extraordinario ayer viernes la primera renta mínima de carácter estatal en la historia de España. La prestación aspira a llegar a 850.000 familias en situación de pobreza extrema y su cuantía oscilará entre los 462 euros y los 1.015 euros, por hogar. La ministra portavoz, María Jesús Montero; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, presentaron públicamente la medida, oficializando la última capa pendiente de ese «escudo social» frente a la emergencia de la Covid-19. El Ejecutivo hace efectivo así una medida que lleva preparando durante los dos últimos meses y que no ha estado exenta de pugnas internas en el seno del Gobierno de coalición. «Hoy es un día histórico para nuestra democracia, para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España», proclamó Iglesias.
Ya es oficial, se podrá solicitar desde el 15 de junio y su cobro, una vez tramitado, será retroactivo durante los tres primeros meses a efectos del 1 de junio. «Es el mayor avance en derechos sociales en la historia de España, desde la aprobación de la ley de dependencia», declaró Iglesias. Tras el refuerzo de la protección social de los ERTE, las prestaciones especiales de cese de actividad para los autónomos y los subsidios para colectivos vulnerables como las trabajadoras del hogar o los trabajadores temporales despedidos, desde este viernes entra en vigor el ingreso mínimo vital.
Esta prestación que será gestionada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Persigue llegar a parte de aquellos que hasta ahora se habían visto excluidos del ·escudo social» habilitado por el Gobierno ante la pandemia.
Los más vulnerables de entre los 12,3 millones de personas en España (el 26,1% de la población) que viven en riesgo de pobreza o exclusión social; según los últimos datos del INE referentes al 2018. España, la cuarta economía de la Unión Europea, registraba hasta el 2018 la séptima tasa de pobreza más alta de entre los estados miembros. «No hay libertad si no se llega a final de mes», declaró Iglesias.
160.000 monoparentales
El nuevo ingreso mínimo vital se focaliza en los hogares con una carencia material más extrema y se marca como objetivo sacar de la pobreza a 2,3 millones de personas, repartidas en 850.000 hogares, de los que 160.000 son monoparentales, mayoritariamente sustentados por mujeres. Tendrá un «impacto extraordinario» sobre la pobreza en España, según calificó Escrivá. Para ello, el Gobierno halitó un gasto anual de algo más de 3.000 millones de euros y su intención es comenzar a efectuar los primeros pagos ya en el mes de junio, de oficio para aquellas personas que ya perciben una prestación por hijo a cargo.
