Todas las comunidades menos la Comunitat Valenciana, que prefiere mantenerse en la fase 1 por prudencia, aspiran a dar un paso más el próximo lunes en la desescalada y con algunas medidas a la carta, no previstas inicialmente por el Gobierno, y que van desde permitir la movilidad entre provincias a aumentar los aforos. Ayer concluyó el plazo para que las autonomías presenten su solicitud al Ministerio de Sanidad, que previsiblemente comunicará quiénes progresan en la transición a la «nueva normalidad» mañana viernes.
La gran mayoría pretende pasar a la fase 2, que implicará, entre otras medidas, que bares y restaurantes puedan servir comida con un máximo del 40 % del aforo y manteniendo 2 metros de seguridad entre mesas; la reapertura de centros comerciales -al 30 % de su capacidad en zonas comunes y del 40 % para los locales-, y de cines, teatros y auditorios, con un tercio de butacas preasignadas, o las visitas a residencias de ancianos en casos excepcionales o la reapertura.Aunque los deseos de evolucionar son mayores en las que no han abandonado la 0 -pese a ser suavizada con ciertos alivios-, como son Madrid, el área metropolitana de Barcelona y varias zonas de Castilla y León.
Cataluña pide que Barcelona y su área metropolitana abandonen la fase 0,5 para saltar ya a la 1 por su evolución a la baja de los factores de riesgo epidemiológico. Sin embargo, quiere que permanezcan en esa etapa las regiones sanitarias de Girona, Cataluña Central y Lleida, y que avancen a la 2 las del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu.
Madrid acudirá al Supremo
La Comunidad de Madrid, por su parte, solicitó ayer por tercera vez el acceso a la fase 1. Pese a las dudas epidemiológicas que sigue planteando esta región a los expertos, el Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso anunció ayer que va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar la solicitud de desescalada en dos ocasiones.
El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, avanzó esta información en un Consejo de Gobierno reunido con carácter extraordinario este miércoles por la tarde. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ya había anticipado que el Ejecutivo autonómico estaba estudiando con sus servicios jurídicos la interposición de un recurso por este motivo.
En una nota de prensa, el Gobierno regional señaló que tiene «dudas razonables» acerca de que el Ministerio de Sanidad esté aplicando los indicadores «de manera homogénea para todas las comunidades autónomas», lo que le hace cuestionarse «la validez jurídica de la decisión».
Sanidad ha rechazado en las dos ocasiones anteriores la solicitud de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1 de la desescalada, en concreto para los días 11 y 18 de mayo. El Gobierno de Ayuso considera que desde el principio cumple «todos los requisitos técnicos que exige el Ministerio» para lograr el visto bueno e insiste en que los datos que maneja la región -indicadores de salud, capacidad de detección y seguimiento de nuevos casos o capacidad del sistema sanitario- se cumplen desde el principio.
