19 de mayo de 2020
19.05.2020
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Clima

El Gobierno impulsa el coche eléctrico y energías verdes con la Ley del Clima

La norma, compuesta por 36 artículos, abre la ruta para la descarbonización de España antes de 2050

19.05.2020 | 14:36
El Gobierno impulsa el coche eléctrico y energías verdes con la Ley del Clima
El Gobierno impulsa el coche eléctrico y energías verdes con la Ley del Clima

El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de crisis climática con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctrico y las energías renovables, en un contexto enmarcado en la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria por la COVID-19.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha manifestado que esta ley refleja "el modelo que queremos" para nuestro país y para Europa y sobre todo sirve para "cumplir con las generaciones más jóvenes" que no deben "heredar hipotecas que no les tocan" sino compromisos de futuro, respetuosos con el planeta y compatibles con un modelo de desarrollo "inclusivo y sostenible".

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, consta de 36 artículos y con su aprobación este martes por el Consejo de Ministros, inicia su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019.

Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional "a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca", ha añadido la ministra para quien el texto busca "consolidar empleo e innovación".

Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC); el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %.

El texto se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática "no más tarde de 2050" con objetivos que sólo podrán se revisados al alza.

Para ello en 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.

Asimismo sobresalen los planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar "un parque de turismos sin emisiones directas de CO2" y por fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón, en un contexto actual de COVID, donde ganar espacios físicos entre personas es más relevante que nunca.

Para el Gobierno, uno de los objetivos climáticos es que los coches de uso particular reduzcan poco a poco las emisiones, y que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, que se vendan en España, tengan emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040.

Para ese fin se instalarán progresivamente puntos de recarga en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, en la actualidad el 10 % de la red.

La norma también establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la ordenación urbana, medidas para reducir las emisiones incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones nunca más allá de 2023.

A este respeto cabe señalar, que "la regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y del órgano autonómico competente en protección medioambiental."

Otros pilares para la descarbonización son la rehabilitación de edificios, clave en la eficiencia energética, y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español, ambos "palancas de reactivación económica en el corto plazo".

Las energías verdes ganan peso en el conjunto de la economía, y así para 2030, al menos, un 70 por ciento del sistema eléctrico deberá generarse con renovables y al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35 por ciento del consumo final de la energía también deberá ser verde .

Según las estimaciones del Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables permitan aumentara el PIB alrededor del 1,8 por ciento en 2030, respecto de un escenario sin medidas.

El proyecto presentado hoy también promueve la educación ambiental, incorpora políticas de adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad, un capital natural -ha incidido Ribera- sin el que todo sería más difícil.

Con la entrada en vigor de la ley, se pondrá fin al fracking, y tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

Las claves de la ley

La Ley de Cambio Climático, que se ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento, abre la ruta para la descarbonización de España a más tardar en 2050, un recorrido que implica un cambio de modelo socioambiental y energético que afecta a múltiples sectores y que supondrá cambios en la forma en la que nos movemos, generamos o consumimos la energía.

Medidas de adaptación, económicas, de política ambiental, transición justa... una legislación transversal compuesta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos que abarca numerosos campos de actividad con múltiples claves. Estás son algunas de ellas:

1.- Alineados con Europa. La Ley entronca con los objetivos de la UE en materia de lucha contra la crisis climática, con su Ley de Cambio Climático y con la nueva estrategia de crecimiento del Pacto Verde, una herramienta para cumplir con los objetivos del acuerdo de la ONU sobre el clima (Acuerdo de París de 2015) que también "señalará el camino" para la recuperación económica post pandemia.

2.- Reducción de emisiones. Entre los objetivos inmediatos, en apenas 10 años, en 2030 se deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto del año 1990, con la meta de la descarbonización en 2050.

3.- Impulso de las energías limpias y eficiencia energética. Al final de la próxima década, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%. La rehabilitación energética de edificios es uno de los ejes de actuación. Para atraer recursos se amplía hasta 2030 el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

4.- Movilidad sostenible y adiós a los coches contaminantes. La Ley fija, en consonancia con las políticas europeas, el año 2040 para eliminar de la circulación los vehículos que no sean de cero emisiones. Otras medidas son la implantación de una red de recarga de vehículos eléctricos, impulso de la movilidad sostenible y acciones encaminadas a la reducción de emisiones del transporte aéreo y marítimo.

5.- Ciudades más saludables. Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán habilitar zonas de bajas emisiones y, además, se "blinda" su reversibilidad mediante un informe preceptivo del Ministerio y la autoridad autonómica competente y se apoyan iniciativas de impulso de transporte público y del uso de la bicicleta.

6.- Transición justa. La norma asume que esta transformación socioambiental y de modelo creará empleo, pero también tendrá impactos con perdida de puestos de trabajo. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las comunidades autónomas y los agentes sociales.

7.- Biocombustibles y biogas. Se aprobarán planes específicos para impulsar los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable.

8.- Adiós a los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles. No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, de investigación y de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial. Además se prevé la desinversión del sector público en participaciones o instrumentos financieros de entidades cuya actividad incluya la extracción o procesado de estos productos energéticos.

9.- Adaptación. La Cuenca Mediterránea es una de las zonas más afectadas por la crisis climática y España verá agudizados sus efectos. La educación y capacitación, el aumento de conocimiento sobre la materia se reforzará y se impulsarán nuevos perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad y frente al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) será el elemento básico para guiar esa adecuación a los impactos transfronterizos.

10.- Presupuesto. La ley prevé que al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética.

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