El Gobierno no quiere volver a vivir el desasosiego de la semana pasada, cuando la descoordinación con sus socios parlamentarios puso en juego la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma. El Ejecutivo salvó el plantón de ERC gracias a un pacto de última hora con Ciudadanos, pero no quiere exponerse al mismo vértigo cada quince días en el Congreso de los Diputados para pedir nuevas ampliaciones hasta que termine la desescalada. Consciente de la erosión política que puede conllevar ir perdiendo apoyos o recibiendo reprimendas en cada uno de esos debates, el Ejecutivo cambia de estrategia. Pedro Sánchez ha dado instrucciones para sondear a sus aliados de cara a validar una prórroga de un mes que, además, será diferente. ¿Cómo de diferente? El presidente no entra en detalles, de momento y se abre a negociarlo con sus socios.
Nueva normalidad
«Queremos transitar a la nueva normalidad con un estado de alarma distinto, porque efectivamente es muy distinta la situación a hace ocho semanas. Y a partir de ahí, se tiene que abrir un debate político en esta Cámara para ver cómo podemos reforzar esos mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de la administración para que, efectivamente, esos rebrotes, si se dan, sean lo menor posible», planteó Sánchez en la sesión de control al Gobierno este miércoles.
El presidente quiere garantizar que la alarma sigue vigente durante la desescalada, pero es consciente de que tiene que ofrecer a sus aliados algunas concesiones para que esa prórroga sea, esta vez, del doble de tiempo, un mes, y llegue hasta finales de junio. Las conversaciones con sus socios ya han comenzado. Este martes, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, contactó con buena parte de la oposición para sondear esa opción y escuchar las reivindicaciones que plantean a cambio de ese apoyo.
Frente al ajuste del tablero político que implica el nuevo apoyo de Ciudadanos a algunas decisiones del Gobierno, Sánchez evitó aclaraciones, pero sí envió un mensaje a Bildu, que le pidió que apueste por el Estado del bienestar frente a posiciones liberales. «Uno de los errores de la izquierda es hablar de redistribución y no hablar de crecimiento», dijo, como aviso a navegantes, para insistir en la necesidad de ampliar alianzas porque «la unidad política puede salvar vidas, empresas y puestos de trabajo». El Gobierno no espera respaldo alguno del PP y el presidente de los conservadores, Pablo Casado, dejó claro ayer en la sesión de control que hace bien en no albergar expectativas en su partido. «Hasta aquí hemos llegado», dijo, «hemos apoyado dos meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España», censuró. El jefe de la oposición volvió a preguntar a Sánchez si va a pedir el rescate de España a Bruselas y cuestionó su capacidad para salvar al país de los efectos de una nueva crisis.
Iglesias y Abascal se enzarzan
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró ayer, desde la tribuna del Congreso, que Vox es un partido «de caraduras» y «antidemócratas», y su presidente, Santiago Abascal, ha contraatacado acusándole de amenazar con la guerra civil y la lucha de clase.
Según dijo Iglesias, Abascal y los suyos representan los intereses de «buitres, de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos y de los enemigos de España». Por último, Abascal afirmó que Iglesias «no quiere que VOX hable del genocidio que se ha producido en las residencias de las que él era el máximo responsable».
