El rechazo del Congreso a la cuarta prórroga del estado de alarma supondría el levantamiento del confinamiento -porque anularía la limitación de la libertad de circulación-, y dejaría al Gobierno sin el "mando único" para dirigir la desescalada, según los expertos. Las medidas incluidas en el decreto del 14 de marzo, revisadas y actualizadas en las sucesivas prórrogas, quedarían sin validez de forma inmediata: "Volveríamos a la casilla de salida. Sería un desastre", espeta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Carrillo.

Las comunidades autónomas recuperarían las competencias que fueron centralizadas, pero su margen de maniobra seguiría siendo limitado para atajar la pandemia. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, recuerda que las autonomías no tienen potestad para intervenir las fronteras exteriores por lo que no pueden establecer un confinamiento perimetral en sus límites. "Podrían volver a gestionar sus competencias en sanidad pero no tendrían la potestad constitucional para impedir la libertad de circulación. Es decir, no heredarán automáticamente la situación creada por el estado de alarma", avisa.

Ahora bien, los expertos subrayan que el levantamiento del estado de alarma no significa que el Gobierno deje de intervenir en materia sanitaria, sino que lo volvería a hacer a través de la coordinación con las autonomías. Un esfuerzo adicional que requeriría diálogo y colaboración para implementar el plan de deshielo ideado por el Ejecutivo central desde la óptica de la "cogobernanza" a la que se refiere el presidente del Gobierno.

Idear un plan B

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino, plantea que la mayoría de la normativa económica y laboral adoptada no está vinculada al decreto de estado de alarma, por lo que seguiría vigente.

De todas formas, considera que "el derecho ordinario no está preparado para esta situación de excepcionalidad", por lo que "sería forzar la maquinaria jurídica" con la deformación de leyes como la de salud pública, la ley de protección civil o la ley de seguridad nacional, algo que acarrearía "muchas dudas de constitucionalidad". "El Gobierno debe preparar ya un plan B".

Las alternativas que se han puesto sobre la mesa generan objeciones entre los expertos. Una de ellas es decretar un nuevo estado de alarma con otro contenido para ganar 15 días más sin pasar por el Congreso, otra requiere modificaciones en las leyes vigentes para que el Gobierno tenga más liderazgo y poder sobre las competencias compartidas, y la última, usar la ley de seguridad nacional para declarar una situación de emergencia que pueda servir como un "pseudoestado de alarma".

Arbós y Cotino avisan de que estas opciones son maniobras políticas que podrían chocar con el Tribunal Constitucional y que, además, podrían ser tachadas de "fraude y abuso" del Gobierno respecto al resto de poderes del Estado.