04 de mayo de 2020
04.05.2020
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Crisis del coronavirus

¿Qué pasaría si no se prorroga el estado de alarma?

Los expertos advierten de que se levantará el confinamiento porque no se podrá limitar la libertad de circulación

04.05.2020 | 18:14
Varios diputados rinden homenaje a los profesionales sanitarios.

El rechazo del Congreso a la cuarta prórroga del estado de alarma supondría el levantamiento del confinamiento porque anularía la limitación de la libertad de circulación, según los expertos, y abriría un escenario de incertidumbre que pondría en jaque la normativa vinculada a esta herramienta constitucional y dejaría al Gobierno sin el "mando único". "El índice de restricciones del aislamiento decaería, por lo que los colegios no tendrían por qué estar cerrados y los negocios volverían a abrir", resume el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Lorenzo Cotino.

Las medidas incluidas en el decreto del 14 de marzo, revisadas y actualizadas en las sucesivas prórrogas, quedarían sin validez de forma inmediata: "Volveríamos a la casilla de salida. Sería un desastre", espeta el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, Marc Carrillo.

Las comunidades autónomas recuperarían las competencias que fueron centralizadas, pero su margen de maniobra seguiría siendo limitado para atajar la pandemia. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, recuerda que las autonomías no tienen potestad para intervenir las fronteras exteriores por lo que no pueden establecer un confinamiento perimetral en sus límites. "Podrían volver a gestionar sus competencias en sanidad pero no tendrían la potestad constitucional para impedir la libertad de circulación. Es decir, no heredarán automáticamente la situación creada por el estado de alarma", avisa.

Ahora bien, tanto Arbós como Carrillo subrayan que el levantamiento de esta herramienta constitucional no significa que el Estado deje de intervenir en materia sanitaria, sino que lo hace a través de la coordinación con las autonomías ya que sanidad es una competencia compartida. "Lo que sí desaparecería sería el mando único" que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para liderar la desescalada, indican. Eso no quiere decir que las comunidades autónomas no puedan seguir el proyecto anunciado si así lo deciden mediante el diálogo constante con el Estado.

Idear un plan B

Si bien el líder del PP, Pablo Casado, recurre a las leyes de seguridad nacional, protección civil y salud pública para mostrar alternativas al estado de alarma, Carrillo sostiene que "invocar estas leyes es un engaño" porque "desde un punto de vista constitucional, la única posibilidad de preservar las medidas sanitarias que limitan la libertad de circulación es el estado de alarma".

Cotino objeta que la mayoría de la normativa económica y laboral adoptada no está vinculada al decreto de estado de alarma, por lo que seguiría vigente. De todas formas, considera que "el derecho ordinario no está preparado para esta situación de excepcionalidad", por lo que "sería forzar la maquinaria jurídica", algo que acarrearía "muchas dudas de constitucionalidad". "El Gobierno debería estar preparando un paquete alternativo por si no se prorrogara. Hay que pensar ya un plan B", espeta.

Las opciones

¿Qué opciones tiene el Gobierno si el Congreso no avala otra prórroga? Según los expertos puede recurrir a la ley de salud pública, la ley de medidas especiales, la ley de protección civil o la ley de seguridad nacional para continuar algunas de las medidas ya adoptadas pero debe descartar el confinamiento a nivel nacional.

Los catedráticos consultados anotan otras opciones, algunas de ellas ya anticipan que serían controvertidas. Una de ellas sería ordenar un nuevo estado de alarma de 15 días, diferenciado del contenido del actual, que entonces no necesitaría pasar por el Congreso hasta que se requiera una prórroga, algo que, de todas formas, según Arbós, sería un "fraude de ley desde el punto de vista académico" porque "rompe el principio de supremacía del parlamento". Cotino añade que "la Constitución no dice expresamente que no lo permita" aunque "políticamente se le podría acusar de fraude y abuso".

Otra opción sería estirar las bases del régimen sanitario y la coordinación por real decreto-ley otorgándose más atribuciones, un hecho que "podría llegar al Tribunal Constitucional si se impugna, pero suele dictar en su favor porque juega con la noción de 'lo básico', aunque sería una discutible y políticamente rompería el clima imprescindible de coordinación y acuerdo", zanja Arbós.

Cotino añade otra propuesta. Usar la ley de seguridad nacional para declarar una situación de emergencia y obtiene facultades para dar órdenes a funcionarios. En esta situación, el Gobierno "no tiene que pasar por el Congreso, sino solo informarle".

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