04 de mayo de 2020
04.05.2020
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Crisis del coronavirus

El Gobierno acuerda el reparto de 100 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los fondos se destinarán al mantenimiento y mejora de servicios sociales de atención a las víctimas

04.05.2020 | 18:33
La ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Gobierno y las comunidades y ciudades autónomas han acordado este lunes los criterios para el reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2020, un total de 100 millones de euros.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presidido la Conferencia Sectorial, que se ha celebrado de manera telemática, en la que se han establecido las cuantías para cada comunidad autónoma, Ceuta y Melilla y en la que además se ha aprobado el reparto de tres créditos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Estos créditos destinan 6,5 millones de euros a programas de asistencia integral para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, 1 millón a la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia sobre las mujeres y 2 millones al programa para el apoyo a víctimas de delitos sexuales.

En el reparto de los 100 millones de euros del Pacto de Estado se han tenido en cuenta criterios como la distribución de las mujeres por el territorio, de mujeres mayores de 65 años, población rural, distribución de mujeres con trabajo temporal o paradas, distribución de mujeres con discapacidad, número de mujeres extranjeras y partidas especiales para Ceuta y Melilla por ser ciudades fronterizas y para Baleares y Canarias por insularidad.

Igualdad ha informado en un comunicado de que las comunidades que más fondos recibirán en 2020 serán Andalucía (15,58 millones), Cataluña (12,83 millones), Madrid (10,5 millones), Comunitat Valenciana (8,76 millones), Galicia (7,94 millones) y Castilla y León (7,43 millones).

Le siguen Castilla-La Mancha (6,24 millones), Canarias (5,91 millones), Aragón (4,65 millones), Extremadura (4,61 millones), Baleares (4,14 millones), Murcia (3,41 millones), Asturias (2,87 millones), Cantabria (1,55 millones), La Rioja (1,5 millones) y Ceuta y Melilla (con 1,15 millones para cada una).

Estos fondos se destinarán al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad, a la inserción sociolaboral y a campañas de sensibilización y prevención.

También a protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes, al establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres, al refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar y a la formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación.

Asimismo, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.

La ministra de Igualdad ha instado a "seguir trabajando y dar los pasos necesarios para institucionalizar el Pacto de Estado como una política pública estructural, transversal y permanente".

En la conferencia sectorial también se ha abordado la protección de las víctimas de violencia machista durante el estado de alarma: "Nuestra principal preocupación es el impacto de esta crisis y sus consecuencias para las mujeres y las personas vulnerables", ha dicho Montero.

Desde el País Vasco, la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha destacado que las denuncias por violencia machista han descendido a la mitad en esta comunidad con respecto a otros momentos del año con datos relativos a marzo, al tiempo que ha señalado que los de abril, que se publicarán las próximas semanas, van en la misma línea.
El vicepresidente de Cantabria y consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga, ha solicitado a la ministra que el Pacto de Reconstrucción para el coronavirus tenga perspectiva de género e incluya el impulso de una Ley contra la Trata y la Prostitución.

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de Murcia, Isabel Franco, ha avanzado que en la reunión también se ha debatido la creación de un Consejo de Participación de Personas LGTBI como un espacio de encuentro entre las administraciones y con la misión de elaborar un informe anual sobre la igualdad de trato y la no discriminación.

Este Consejo estaría encaminado a ayudar a las comunidades autónomas que no cuentan con una ley autonómica para proteger los derechos de este colectivo.

Por su parte, la consellera balear de Presidencia, Cultura e Igualdad de Baleares, Pilar Costa, se ha congratulado por el compromiso de la ministra de "acelerar la redacción de la ley contra la trata, la prostitución y la explotación sexual de mujeres y niñas", como han pedido Baleares y otras comunidades.

La consejera de Igualdad y portavoz de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que esta comunidad aplicará el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad provocada por la crisis del coronavirus y estará muy atenta a que las medidas de reactivación de la economía tengan la necesaria perspectiva de género para evitar aún mayores brechas.

Castilla-La Mancha ha pedido mayor agilidad en el pago de los fondos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la pandemia de la COVID-19, ya que no tiene remanente de años anteriores y un pago ágil es vital en este contexto.

Desde la Comunitat Valenciana, vicepresidenta y consellera de Igualdad Mónica Oltra ha pedido que en el reparto de los fondos se tenga en cuenta que las personas deben contar más que los kilómetros, esto es, que la distribución tenga en cuenta criterios como la situación de empobrecimiento y necesidad, y de gasto de la CCAA, sobre los de dispersión de población.

Es decir, que se permita la contratación de personal en la Por su parte, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior de Navarra, Javier Remírez, ha defendido que la comunidad foral debe tener acceso a estos fondos, a pesar de que en ejercicios anteriores no participaba de esta asignación presupuestaria por disponer de un sistema de financiación propio.

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