Una juez de Martorell (Barcelona) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que asuma la denuncia de un particular al presidente catalán, Quim Torra, y a la consellera Alba Vergés, por rechazar la apertura de un hospital de campaña que la Guardia Civil montó en Sant Andreu de la Barca.

Según ha informado el TSJC, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell ha remitido una exposición razonada a la sala civil y penal del alto tribunal catalán, cuya sala de admisiones tendrá que decidir ahora si la admite a trámite.

La juez de Martorell ha pedido al TSJC que asuma esta denuncia, por un delito de homicidio imprudente, en relación al supuesto veto de la Generalitat a la apertura del hospital de campaña levantado por la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) para luchar contra el coronavirus, al considerar que se debe de inhibir de la causa ya que va dirigida contra aforados.

Según el TSJC, la exposición razonada remitida por la juez de Martorell ha sido registrada y repartida por el orden establecido en la sala civil y penal del alto tribunal catalán, donde se ha designado como ponente a la magistrada Mercedes Armas, que entre otros asuntos fue la que ordenó a las fuerzas de seguridad impedir la celebración del 1-O.

A partir de ahora, será el turno de la sala de admisiones del TSJC la que tendrá que decidir si se admite a trámite la denuncia contra Torra y Vergés.

La juez de Martorell ha remitido la exposición razonada al TSJC planteando su inhibición tras haber ordenado varias diligencias a raíz de la denuncia de un particular por la decisión de la Generalitat de no abrir el hospital de campaña que la Guardia Civil levantó en Sant Andreu de la Barca -donde tiene su mayor comandancia en Cataluña- para pacientes de coronavirus y que permanece vacío desde hace tres semanas.

Antes de remitir el caso al TSJC, la juez había acordado en un auto adoptar "con carácter urgente" las diligencias solicitadas por el denunciante particular, a las que se sumó la Fiscalía, para esclarecer si el gobierno catalán había cometido un delito al no permitir que el equipamiento entrara en funcionamiento.

Entre otros aspectos, la magistrada pidió a la Generalitat que detallara por qué motivos no se acordó la correspondiente autorización y el protocolo a seguir para la instalación y posterior apertura de un hospital de campaña como el de Sant Andreu de la Barca, un municipio de la comarca barcelonesa del Baix Llobregat con alcalde del PSC.

La magistrada también requirió a la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca que aportara la autorización recibida para la instalación del hospital, así como el documento de denegación, en el que debe figurar la fecha, la autoridad que lo firma y las razones con las que se argumenta tal decisión.

Como Torra y Vergés -contra quienes se interpuso la denuncia por parte de un particular- son aforados, la juez acordó dictar estas diligencias a la espera de que el TSJC resolviera sobre su competencia.