07 de abril de 2020
07.04.2020
Información
Crisis del coronavirus

Datos móviles contra el coronavirus: así es como responde el Gobierno

El Ejecutivo lanza un proyecto de rastreo de los movimientos ciudadanos impulsado por la Generalitat Valenciana y una app de autodiagnóstico para mitigar el impacto del Covid-19

07.04.2020 | 08:40
Una joven con mascarilla mira su teléfono móvil.

"No podemos acudir a las herramientas habituales en unos tiempos tan inusuales". Como ya advirtió António Guterres, secretario general de la ONU, frenar la curva de propagación del coronavirus pasa por nuevo métodos como el Big Data. Frente a ese escenario de crisis mundial, en España ya se han empezado a desarrollar proyectos de rastreo de datos móviles para tratar de detener la pandemia.


Ese ejercicio de contención pasa por varios interrogantes. ¿Está funcionando el confinamiento en casa? ¿Hacen falta mayores restricciones de movimiento? ¿Sería más eficiente controlar focos específicos del Covid-19? Conocer esos datos puede ayudar a mejorar las predicciones y dibujar nuevos escenarios de reducción del virus, pero para conocerlos hace falta seguir la "huella digital" de los ciudadanos a través de la telefonía móvil.

El pasado martes el Gobierno puso en marcha dos respuestas tecnológicas a la crisis: la app Asistenciacovid19 para aquellos que presenten síntomas y el estudio de movilidad anónimo DataCOVID, que rastreará más de 40 millones de móviles. "Vamos a tratar de desarrollar elementos de inteligencia artificial para entender los desplazamientos de las personas y anticipar posibles cuellos de botella, aglomeraciones o situaciones de tensión", explicó la ministra de Economía, Nadia Calviño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha remarcado que para frenar la pandemia se necesita limitar un 75% la movilidad ciudadana, pues el contacto la propaga.

La Comunitat Valenciana, pionera

Las respuestas digitales del Gobierno se reflejan en iniciativas de las comunidades. Por un lado, en el proyecto pionero impulsado desde el 12 de marzo por la Comunitat Valenciana, que se sirve de los datos anónimos y agregados —que permiten conocer la posición del móvil pero no identificar a los usuarios— para conocer la movilidad de la población, saber si se cumple con el confinamiento y en qué zonas el virus tiene un mayor impacto. Nunca antes se había utilizado una herramienta de rastreo para intentar frenar una pandemia.

El plan valenciano, liderado por la ingeniera de telecomunicaciones e investigadora Nuria Oliver, se sirve de los datos recolectados por las operadoras telefónicas (Telefónica, Vodafone y Orange) y gestionados de forma centralizada por el Ministerio de Economía para mapear los flujos de movimiento de los ciudadanos en masa (celdas de 5.000 personas). Esa tasa, que afecta directamente a la de infección, permite conocer qué municipios están más afectados, qué hospitales tratan a más pacientes, cuales están en la UCI y el impacto de la llegada de ciudadanos de otras comunidades en la propagación del virus.

Estudiado por un equipo de hasta 20 especialistas en salud pública, tecnología y matemáticas, el proyecto es una versión a pequeña escala del estudio que inició el INE en octubre. "Ante esta crisis surge la necesidad de estar cuanto más informados mejor", explica Ana Berenguer, Directora General de Análisis y Políticas Públicas de la Generalitat Valenciana. Esa información ayuda a tomar medidas públicas más eficaces.

Geolocalización y apps de autodiagnóstico

La nueva app impulsada por el Gobierno bebe de proyectos como el de la Comunidad de Madrid. El 20 de marzo lanzó CoronaMadrid, una herramienta de autodiagnóstico con el objetivo final de evitar el colapso de las líneas telefónicas. Tras la petición de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las tecnológicas españolas CARTO, ForceManager y Mendesaltaren diseñaron este sistema con el apoyo de Telefónica, Ferrovial, Google y Goggo. Para ello, solicita a los usuarios nombre y apellidos, teléfono, DNI, dirección e información de salud, datos a los que esas empresas tienen acceso limitado "conforme a las instrucciones" de la administración pública, según la Agencia Española de Protección de Datos.

Este modelo sí despierta recelos. "Es algo trágico", explica Simona Levi, cofundadora del proyecto activista XNET. "El autodiagnóstico está bien, pero no tiene ningún sentido que lo gestionen empresas privadas, se podría hacer de forma anónima". Google, por ejemplo, lleva años haciendo negocio con la compra de datos personales a apps de salud y seguros sanitarios. Aunque el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) prohíbe que eso suceda en la Unión Europea, su participación inquieta a los expertos. "El sector público se ha visto superado y busca alianzas privadas aunque ello comporte violaciones de la privacidad que en otras condiciones no toleraríamos", remarca Enric Luján, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona y miembro de Críptica.

Distopía o necesidad: la tecnología para el posconfinamiento

Para la app nacional, que desde este lunes ya funciona en seis comunidades autónomas, el Gobierno ha firmado un convenio con Telefónica y defiende la geolocalización "para saber en qué comunidad estás". Aunque ve con buenos ojos el uso de la tecnología para frenar los contagios, la Fundación Ciudadana Civio lamenta la falta de transparencia. "No creo que sea una invasión de privacidad, pero utilizar algo tan sensible como la geolocalización para algo tan pequeño es contraproducente, genera desconfianza", remarca David Cabo, su director.

En base a la ley

Utilizar datos "sin cara" para optimizar las políticas de salud pública es algo que la comunidad científica reclama desde hace años. A mediados de marzo un grupo de 60 académicos, abogados y expertos en privacidad firmaron una carta para apoyar la decisión del Gobierno de "usar medios tecnológicos" para acabar con la pandemia.

La GDPR permite al Ejecutivo manejar esa información de manera excepcional siempre que se haga de manera segura y proporcional, que la conservación de esos datos esté limitada por el objetivo a cumplir y que los datos analizados sean anónimos. Con ello se pretende evitar que cualquier organismo público utilice una situación de crisis y de emergencia para ampliar su poder e instalar "un estado de vigilancia tecnológica permanente".

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