El Gobierno ha aprobado este viernes en su Consejo de Ministros la prohibición del despido, siempre que este esté vinculado con causas derivadas del coronavirus. Así lo ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. Las empresas también tendrán la obligación de prorrogar los contratos temporales que venzan durante la presente sanitaria. "El Gobierno no va a dejar a nadie atrás", ha afirmado Díaz. Con el objetivo de agilizar los miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que están realizando las empresas por toda España, el Gobierno ha dispuesto que la autoridad laboral autorizará automáticamente todos aquellos expedientes que acrediten causa de fuerza mayor.

Tras denunciar CCOO y UGT una ola de extinciones de contratos y no renovaciones de trabajadores temporales, que habrían generado, según calculos de las centrales, más de un millón nuevos parados; el Gobierno ha restringido las vías de despido. "No es necesario despedir a nadie en este país. Esto es un paréntesis", ha afirmado la ministra de Trabajo. Desde el Ejecutivo consideran que las medidas expecionales para agilizar los ertes (eximir de cotizaciones de entre el 75% y el 100% para las empresas y la cobertura universal de prestación para los trabajadores) son suficientes para que las compañías capeen la parálisis económica ocasionada por el covid-19. Y que el despido no debe ser un recurso disponible. "Pido ejemplaridad a las empresas", ha declarado Díaz.

Con el fin de reforzar esa vía de los ertes, el Gobierno también ha aprobado medidas para agilizar la presentación de los mismos por parte de las empresas y acelerar el cobro de la prestación por desempleo por parte de los trabajadores afectados. La autoridad laboral pertinente autorizará de manera automática los erte que registren las empresas si estas acreditan causa de fuerza mayor. Y será la Inspección de Trabajo la que revisará posteriormente si los expedientes se ajustan a la legalidad. En caso de que no lo hicieran, las empresas deberán retornar las cotizaciones sociales de las que les exime excepcionalmente el Gobierno. Las compañías también serán las responsables de facilitar todos los datos pertinentes de los trabajadores afectados para que estos puedan recibir automáticamente su prestación. La ministra ha concretado una medida anunciada hace ya unos días.