24 de marzo de 2020
24.03.2020
Información
Crisis del coronavirus

Las residencias piden no criminalizar su labor

La patronal crítica las palabras de la ministra Robles, quien afirmó que se habían encontrado "a ancianos absolutamente abandonados"

24.03.2020 | 20:03
Efectivos de la UME desinfectan una residencia en Galicia.

Las patronales de residencias de mayores han pedido este martes que no se criminalice su labor tras las palabras "inoportunas" ayer de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el hallazgo de fallecidos por parte del Ejército en estos centros, lo que dio lugar a que la Fiscalía abriera una investigación.

El ministerio fiscal informó en una nota, este lunes por la tarde, de que un fiscal del Tribunal Supremo se encargará de investigar los hechos denunciados horas antes por la ministra, quien dijo que los militares habían encontrado "a ancianos, a mayores absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas" y añadió que caerá "todo el peso de la ley" sobre las residencias que no cumplan con sus obligaciones.

La ministra no especificó de cuántos fallecidos se trataba ni en qué residencias se encontraban, y este martes el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Villarroya, se ha limitado a confirmar los hallazgos sin aportar ningún dato, preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de la crisis del coronavirus.

El secretario general de a Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste), Jesús Cubero, ha subrayado a EFE que condena cualquier acción delictiva en el sector de haberse producido y ha rechazado las palabras "inoportunas" de Robles, que en su opinión buscan "afán de protagonismo" en los medios y "criminalizan" a miles de trabajadores.

Cubero ha acusado a la ministra de "tirar la piedra y esconder la mano" y ha señalado que en ocasiones se ha tardado 24 horas en retirar un cuerpo por saturación de los servicios funerarios, en cuyo caso, como ocurrió en un centro del distrito madrileño de Usera, se aisló el cadáver en una habitación siguiendo el protocolo para evitar contagios.

A sus críticas se ha unido la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha pedido que no se criminalice a los profesionales de las residencias, que se están "dejando la piel" y trabajan sin medios ni sistemas de protección adecuados.

Y el Circulo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), cuya presidenta, Cinta Pascual, ha recordado que las residencias llevan semanas comunicando sus carencias. La mayoría, ha apuntado, están funcionando con normalidad, pero hay unas 400 que tienen casos activos del virus.

"Somos un aliado esencial para ganar la batalla y exigimos el rigor y el respeto a estas residencias", ha dicho para pedir que se las ayude con test a los profesionales y medidas de protección.

Paralelamente, la Fiscalía Superior de Cataluña ha informado de que ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de ancianos por coronavirus en las residencias barcelonesas de Capellades y Olesa de Montserrat, municipios próximos al foco de contagio de Igualada.

Concretamente, en la Fundación Privada Consorts Guasch de Capellades, donde han muerto 13 ancianos en los últimos días, y en la Santa Oliva de Olesa de Montserrat, con nueve víctimas mortales por COVID-19.

La incidencia de la pandemia en residencias sigue siendo importante, como ponen de manifiesto los 17 fallecidos registrados desde que se inició el brote en la residencia Núñez de Balboa de Albacete, con otros 10 positivos, según ha informado este martes el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Hasta el punto de que otras, como la de San Jerónimo de Estella (Navarra), han decidido blindarse del exterior. Desde ayer, 15 trabajadores conviven las 24 horas del día con los 62 ancianos que viven en ella tras decidir encerrarse en las instalaciones y evitar rotaciones de personal, sin que hasta ahora nadie presente síntomas.

En vista de esta situación, el Ministerio de Sanidad ha publicado este martes una orden que permite a las comunidades autónomas intervenir los centros residenciales de mayores en función de su situación epidémica y asistencial.

Las residencias, establece la norma, deben comunicar de inmediato a las consejerías de Sanidad de sus comunidades y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno si no pueden gestionar adecuadamente la conservación y retirada de cadáveres por la acumulación o ausencia de servicios funerarios disponibles.

El Madrid, el gobierno autonómico ha dictado un procedimiento en el que señala que las funerarias serán las responsables de retirar los cuerpos de los fallecidos en la región desde las residencias y también domicilios, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) hará el traslado de los muertos en hospitales.

Este procedimiento, fechado ayer lunes y al que ha tenido acceso EFE, establece que "el cadáver será conducido lo antes posible a una cámara o sala de refrigeración hasta su retirada por el personal autorizado para ello".

Y señala que los cuerpos deben tener un tratamiento especial, ya que no pueden ser manipulados y deben ser llevados al depósito por parte de funerarias o de la UME.

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