El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha pedido al Constitucional que anule la condena a 13 años que le impuso el Supremo y ha retado al tribunal de garantías a preguntar a la justicia europea si le podían juzgar y condenar sin que previamente el Parlamento Europeo levantara su inmunidad.
Así lo sostiene Junqueras en un recurso, al que ha tenido acceso la Agencia Efe, que ha interpuesto junto al exconseller Raül Romeva, en que piden al Tribunal Constitucional que anule su condena y les deje en libertad de forma inmediata al considerar que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales en un "ataque político" para neutralizar al independentismo.
En el escrito, los abogados Andreu Van den Eynde y Roxana Staniloaie denuncian que en la causa judicial a la cúpula del 'procés' se han vulnerado los derechos fundamentales de los condenados, entre ellos el de reunión y manifestación, el de libertad de expresión de ideas políticas, libertad ideológica y el derecho de participación y de representación política.
En el caso de Junqueras, el recurso resalta que fue el propio Supremo quien planteó, con el juicio en marcha y una vez el líder de ERC fue elegido eurodiputado en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el estatuto y alcance de su eventual inmunidad.
Según la defensa, el Supremo debería haberse abstenido de realizar ningún tipo de actuación judicial contra Junqueras, incluido dictar sentencia, a la espera de la resolución del TJUE, que llegó con posterioridad a la sentencia del 'procés' -notificada el 14 de octubre-, reconociendo que el líder de ERC debería haber gozado de inmunidad como eurodiputado desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos.
En el recurso, la defensa entiende que el Constitucional tiene ahora la "responsabilidad y obligación" de actuar en el sentido en que debería haberlo hecho entonces el Supremo: dejar en libertad a Junqueras y anular la sentencia, porque se dictó antes de que el TJUE resolviera.
Y en el caso de que el Constitucional mantenga "alguna duda" sobre el alcance de la inmunidad europea de Junqueras "en todo aquello que no hubiera sido expresamente resuelto" por el TJUE en su dictamen -del 19 de diciembre-, la defensa de Junqueras le reta a formular una nueva cuestión prejudicial para que concrete si se podía continuar el proceso penal y dictar sentencia sin que hubiese una solicitud de levantamiento de su inmunidad.
Según el recurso al Constitucional -el último paso de la defensa en el marco de la jurisdicción española antes de emprender eventualmente la vía de la justicia europea-, la condena del Supremo "atenta" contra la libertad ideológica de los acusados, ya que "criminaliza a la disidencia y las manifestaciones públicas de un determinado ideario".
Proceso de "criminalización generalizada"
Además, recrimina al Supremo que intentara convencer a los acusados mediante una condena "desproporcionada" de que sus convicciones en defensa del derecho a la autodeterminación eran erróneas, ya que, en el fondo, se ha tratado de un proceso de "criminalización generalizada" de la defensa de la independencia de Cataluña.
En la causa, según el recurso, se han atacado derechos civiles y políticos fundamentales, entre ellos el de participación y representación, ya que tanto su imputación como su condena supone un "ataque de índole político" inspirado en la "finalidad de neutralización de una determinada opción política".
La defensa de Junqueras y Romeva considera que los dos exconsellers republicanos han sido condenados por apoyar "dos concentraciones ciudadanas multitudinarias de protesta y votación", el 20-S y el 1-O, amparadas por los derechos fundamentales y que no pueden ser constitutivas de delito.
Además, según el recurso, los dirigentes juzgados en el juicio a la cúpula del 'procés' solo pueden responder penalmente por sus actos y no deberían haber sido condenados "a partir de teorías sobre la peligrosidad de la masa". "No describen los hechos probados ninguna situación de irresponsabilidad de los votantes, ni de utilización de los votantes como herramienta de alzamiento violento", alega el escrito.
En este sentido, insiste que el 1-O fue un "acto ciudadano pacífico, festivo, que no produjo ninguna alteración del orden público, ni del tráfico rodado, ni limitó derechos de terceros" y denuncia su "violenta represión policial".
