El juez de Barcelona Joaquín Aguirre citará a declarar como imputadas a 49 personas que están implicadas en el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona hacia determinadas entidades, entre ellas algunas de la órbita soberanista y de Convergència Democràtica (CDC), según el auto al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña. El magistrado no precisa las fechas en las que deberán comparecer los investigados, pero deja constancia de que uno de los implicados en la trama es el diputado de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases y que elevará su caso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por su condición de aforado.
El togado ha dividido la investigación sobre el presunto desvío de fondos en ocho piezas (una por cada entidad que percibió subvenciones supuestamente irregulares de la diputación) y mantiene otras dos abiertas por causas colaterales. Una de ellas permanecerá en secreto. En su auto, el juez concreta cada entidad implicada y las personas que, a su entender, participaron en la tramitación presuntamente anómala de ayudas públicas para determinados proyectos de cooperación internacional.
Una de esas piezas separadas corresponde a CatMón/Igman, las entidades vinculadas al mundo soberanista que percibieron subvenciones no solo de la Diputación de Barcelona, sino de otras instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona en la época de CiU, y de la Generalitat. El juez y la Guardia Civil sospechan que parte de ese dinero público podría haber ido a financiar el 'procés'. Uno de los principales implicados en esta causa es Víctor Terradellas, el hombre que envió a Carles Puigdemont, antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), un mensaje en el que le informaba de la llegada a Barcelona de un emisario del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Terradellas se reunió en ese país con un exdiputado oficialista ruso, al que le ofreció apoyar la anexión de Crimea a cambio del reconocimiento de una Catalunya independiente. En esta pieza también figura el diputado Dalmases.
Injurias o calumnias
En paralelo, el juez ha desestimado el intento de seis intendentes de los Mossos de personarse como acusación particular en relación con la libreta hallada a Terradellas en la que mencionaba datos personales sobre miembros de la cúpula de la policía de la Generalitat. Los agentes consideran que se habrían proferido injurias o calumnias contra ellos, al haber resultado perjudicada su intimidad personal y profesional. En esas anotaciones, a su entender, desvelan el uso de "un fichero de almacenamiento de datos" relativos a creencias religiosas, ideología, patriotismo y orientación sexual, entre otros. El togado argumenta que al tratarse de un delito "privado", su persecución requiere la presentación de una querella por parte del ofendido y la celebración o el intento de convocar un acto de conciliación previo.
