03 de marzo de 2020
03.03.2020
Nueva ley

La ley de libertad sexual penaliza el acoso callejero con arresto domiciliario o multa

El proyecto legal, que tardará en ver la luz, acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual y deja la pena máxima en 15 años

03.03.2020 | 12:05
Acción de la Asamblea Feminista de Valencia contra las violaciones.

Tras superar las desavenencias que ha provocado en el seno del Gobierno, entre Igualdad, de un lado, y Justicia y la vicepresidencia de Carmen Calvo, de otro, el Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, que lleva a la legislación las demandas del movimiento feminista y el 'sólo sí es sí' coreado en las protestas contra la primera sentencia de 'La Manada'. En consecuencia, el proyecto legal considera clave el consentimiento expreso a mantener relaciones sexuales; acaba con la distinción entre abuso y violación y tipifica por primera vez como delito el acoso ocasional o callejero, para penalizar "expresiones, comportamientos o expresiones sexuales o sexistas que creen una situación humillante, hostil o intimidatoria" con multas o bien arresto domiciliario, alejamiento o trabajo comunitario.

El objetivo de la nueva legislación, según subrayó Irene Montero, es cambiar el "paradigma" de forma que se establezca un marco de prevención, atención, sanción y reparación para las víctimas de violencias sexuales equiparable al que ya proporciona la ley contra la violencia de género. Para la ministra de Igualdad, se trata de un proyecto "valiente", "ambicioso", que sitúa a España entre los países más pioneros y que "dará más seguridad a las mujeres", que "nunca más" verán cómo "se pierden sus derechos en un callejón oscuro".

El texto cumple con el Convenio de Estambul, que establece que la violencia machista va más allá del ámbito de las parejas o exparejas, y con el pacto de Estado español contra esta lacra. Para ello, establece que la libertad sexual es un bien protegido y define que se entiende por consentimiento. Los jueces deberán interpretar que este no se ha obtenido cuando la "víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, su voluntad expresa de participar en el acto" sexual.

Igualdad niega que se rebajen las penas

Con estos mimbres, la agresión sexual será castigada con una pena de 1 a 4 años de prisión, frente a la horquilla de 1 a 5 años del Código Penal vigente. Y la violación, si hay penetración, de 4 a 10 años, frente a los 4 a 12 años de la ley actual. Pese a ello, fuentes de Igualdad aseguran que estos cambios no suponen una "rebaja de las penas", dado que en su opinión no se pueden comparar los dos textos legales porque ahora para se considere violación se exige que exista violencia e intimidación, exigencias que con el nuevo texto desaparecerán. Al refundir abuso y violación, se logran que las penas sean "más proporcionales" y se da "más margen" al juez para apreciar las diferentes circunstancias concurrentes en el delito, añaden las mismas fuentes.

Además, se introducen nuevas agravantes, como el suministro de drogas que anulan la voluntad de la víctima o si la violación se produce en el seno de la pareja. Si concurre una agravante, la pena será de 12 años y con dos o más, el tope son 15 años, igual que en la actualidad. "El movimiento feminista no es punitivista y no podíamos poner una sanción superior al homicidio", alegan desde el Ministerio. Respecto al delito de acoso callejero, también era una demanda de las organizaciones sociales, dado que es el principal riesgo que sufren las mujeres en las calles o discotecas y ya está penalizado en Francia, Portugal, Bélgica u Holanda.

La norma puede tardar en aprobarse definitivamente

La ley, que llegará al Congreso dentro de varios meses tras someterse a los órganos consultivos, por lo que puede tardar bastante más de un año en ver la luz, considera violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y la trata con fines de explotación sexual. Además prevé incrementar la formación de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales, y que los delitos sean enjuiciados en tribunales especializados. En un principio, la proposición de ley que ha servido de base y que fue presentada por Unidas Podemos en el 2018 atribuía esta competencia a los juzgados de violencia de género, pero tras las objeciones del Ministerio de Justicia, se establece que se revisará en un año las competencias y se decidirá entonces a qué órganos se adjudican.

Más allá de los cambios en el Código Penal, la ley contiene un amplio paquete de medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas, entre las que destacan la introducción de la educación sexual en todos los niveles educativos, el establecimiento de protocolos de detección en los ámbitos educativos y sanitarios y la apertura de centros de atención a víctimas 24 horas.

Montero minimiza el choque en el Gobierno

Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recibió un aluvión de preguntas en torno al choque que la ley ha provocado en el seno del Gobierno, reconocido por fuentes socialistas y de Podemos, pero restó importancia a estos problemas al asegurar que el anteproyecto se ha "enriquecido" desde otros departamentos ministeriales "sin alterarse lo sustancial" y que, por ello, ahora es un texto del "Gobierno en su conjunto".

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