El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a una pena de inhabilitación de año y medio al 'president' Quin Torra por un delito de desobediencia, al haber desatendido las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña de las elecciones municipales de marzo del 2019. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras, recalcó en su informe final durante el juicio, celebrado el pasado 18 de noviembre, la actitud "renuente", de "desprecio y reproches continuados" de Torra a la hora de no retirar la pancarta con el lazo amarillo del Palau, tal como había ordenado la JEC.
Bañeras calificó esta actitud de "falta de respeto institucional» que se fue intensificando con el paso de los días. "Se vino arriba", remachó. El máximo representante del ministerio fiscal en Cataluña recordó que "es necesario que se cumplan las decisiones de la JEC para garantizar la limpieza de las elecciones", y añadió que "el lazo amarillo y la estelada no son símbolos compartidos por una parte de la sociedad" catalana.
El desafío
El 'president', por su parte, convirtió el juicio en un ataque y un desafío en toda regla al tribunal que lo juzgaba. En su declaración, como hizo en su día ante el juez instructor, Torra se autoinculpó: "Sí, desobedecí". Por la tarde, en su alegato final, denunció indefensión y se permitió amenazar a los magistrados que le juzgaban: "La condena será vuestra condena". Como colofón a su soflama política, asumió la sentencia que puede despojarle de la presidencia de la Generalitat: "Si por defender derechos y libertades he de ser condenado, bienvenida sea la condena".
"Este juicio político quiere alterar el panorama político catalán", denunció Torra ante Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, de quien cuestionó su imparcialidad y con quien se enfrentó dos veces. Primero. al llamar "franquista" a la acusación popular de Vox -Barrientos advirtió de que no permitiría "descalificaciones"-, y, después, por asegurar que la fiscalía está al servicio del Gobierno.
