El Supremo se reunirá la próxima semana para estudiar un obstáculo clave que impide ejecutar la exhumación de Franco: la suspensión cautelar que el propio tribunal dictó en junio contra el acuerdo del Gobierno para sacar al dictador del Valle de los Caídos y que aún pesa sobre el resto de recursos todavía no resueltos.

Pese al recién aval del Supremo a la exhumación de los restos de Francisco Franco para llevarlos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el caso continúa pasando por diversas vicisitudes, entre ellas una petición de aclaración de sentencia por parte de los nietos del dictador, según confirman a Efe fuentes próximas a la familia.

En su sentencia, el tribunal desestimaba de pleno el recurso de los nietos de Franco contra la exhumación de su abuelo, si bien éste no fue el único recurso que se presentó contra los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar al dictador; también recurrieron la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

Son recursos que siguen vivos en el tribunal, ya que los jueces esperaron a resolver primero el de los nietos por ser el más complejo.

Por tanto, en ellos todavía pesa la suspensión cautelar de la exhumación que el Supremo acordó hace meses en lo que dictaba sentencia, por lo que el levantamiento de estas medidas cautelares es requisito imprescindible para proceder a sacar a Franco.

Consciente de ello, la Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo el levantamiento de estas cautelares para los tres recursos que quedan, algo que resolverá la sección cuarta de lo Contencioso del Supremo la próxima semana, según fuentes del alto tribunal.

Se trata de un formalismo necesario que, habiendo avalado ya la exhumación, es previsible que sea rápidamente solventado por el tribunal, según las fuentes.

Pero ésta no ha sido la única solicitud de la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno. También ha pedido al Supremo una certificación de su sentencia, que podría ser necesaria para remitirla al juez Yusty, titular del juzgado de lo Contencioso 3 de Madrid, que tiene paralizada de manera cautelarísima la licencia de obras para levantar la losa de la tumba de Franco en el Valle.

Éste es otro procedimiento totalmente independiente al del Supremo, pero que también supone un escollo a la exhumación del dictador.

Este juez deberá mover ficha próximamente dado que el Supremo dejó claro en su sentencia que para sacar al dictador no se necesita licencia municipal al haber sido acordada por el Gobierno.

Una vez reciba la resolución, el juez tiene la intención de estudiarla en profundidad para ver en qué afecta a su procedimiento antes de dar traslado a las partes, según otras fuentes consultadas. El juez les concederá un plazo de 10 días laborables para que respondan y después decidirá.

Paralelamente, la familia Franco ha pedido al Supremo una aclaración de la sentencia con el objetivo de que el tribunal concrete si el Ejecutivo puede exhumar a Franco aun sin el consentimiento del prior del Valle de los Caídos.

A su juicio, la autorización del prior es preceptiva, pero quieren que el Supremo se lo aclare, y en el caso de que el consentimiento del prior fuese necesario y éste se niegue, quieren saber qué pasos jurídicos habría que dar. Un asunto que, según apuntan fuentes jurídicas a Efe, será fácil y rápidamente solventado por el tribunal.