02 de septiembre de 2019
02.09.2019
Caso Púnica

El juez de la Púnica aprecia un "papel decisivo y esencial de Esperanza Aguirre en la presunta financiación ilegal

El magistrado sospecha que la expresidenta madrileña fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas

02.09.2019 | 17:05
La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, atribuye a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.

Según el auto de imputación de Aguirre al que ha tenido acceso Efe, el PP de Madrid financió "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 "ocultando" el "verdadero coste" de las mismas y su financiación, "eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación" las obligaciones de la Ley Electoral.

"La investigación arroja indicios racionales de que (Esperanza Aguirre) sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad", indica el magistrado de la Audiencia Nacional.

Campañas que, según puntualiza, "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad".

Además de a Aguirre, el juez también atribuye "un papel decisivo y esencial" en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a los que fueran sus más estrechos colaboradores, el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además de al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

El instructor del caso Púnica cree que Aguirre "se apoyó" en ellos, también imputados, para que "ejecutasen sus decisiones" y considera que "el impulso y la supervisión de todo el entramado" pivotaba en la presidenta de la Comunidad y a su vez de Fundescam, fundación "directamente vinculada" al PP de Madrid y que también sirvió como "trasvase de fondos".

El juez sitúa a Aguirre en la "más alta supervisión" de la contratación de varios servicios para la campaña de 2007 que superaban el coste previsto por la ley. Junto a González, Granados y Gutiérrez, "convinieron" la forma en que el PP "afrontaría el pago" de los mismos, de manera que fuese en realidad la Comunidad quien lo abonase "de manera encubierta".

Los hechos en los que se centra esta pieza, indica el juez, comenzaron en 2003 con la llegada al Gobierno madrileño del PP, "cuyos dirigentes fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido".

La primera, indica, se ideó en 2004 junto con el empresario Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, a cuyas empresas se adjudicaron contratos de propaganda institucional de varias consejerías como "un ardid para poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido".

Según el auto, "el plan preconcebido, impulsado desde presidencia y vicepresidencia con el respaldo de otros consejeros (...), consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos" de diversas consejerías o de los entes públicos adscritos a ellas.

El juez menciona cómo algunos trabajos de reputación se contabilizaron como gasto electoral y, en concreto, estima que los realizados a Aguirre, González, los exconsjeros Salvador Victoria y Borja Sarasola y al exdiputado autonómico José Manuel Berzal "llegaron a alcanzar un importe global de 140.000 euros".

Y recuerda que en una reunión de 2012 con representantes de ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad) y del Canal de Isabel II, el sucesor de Aguirre, Ignacio González, pidió "un millón de euros para sanear la caja B" del PP de Madrid, que "había quedado maltrecha tras la 'fastuosa' campaña" de 2011 y "para empezar a recaudar fondos para el pago subrepticio de gastos electorales" de la del 2015.

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