El Gobierno catalán ha acordado este martes iniciar las acciones legales contra el Gobierno central para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes, correspondientes principalmente a la financiación de 2019, como paso previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, tras la primera reunión del consell executiu después del paréntesis estival, en la que ha acusado además al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez al "incumplir" sus obligaciones financieras con la Generalitat.

En concreto, el ejecutivo de Quim Torra considera que esta deuda de Hacienda de 1.317 millones de euros procede de una mejora de la recaudación del año 2019 -de 874 millones de euros- y de una parte del IVA de 2017 que se tenían que liquidar este año -de 443 millones de euros", y que en ninguno de los casos han sido transferidos a la Generalitat.

El Govern considera que el Ejecutivo en funciones "está incumpliendo sus responsabilidades" financieras con la Generalitat, al igual que hace con otras comunidades autónomas, tal como fija la ley 22/2009 que regula el sistema de financiación de éstas.

Así, y de acuerdo con esta ley, Budó ha argumentado que la Administración General del Estado "está obligada" a hacer estos ingresos, se esté o no en prórroga presupuestaria, para que las comunidades puedan hacer frente a sus obligaciones.

Budó ha explicado que el Govern ya remitió un requerimiento hace unos días al respecto pero que "el Gobierno lo ha desatendido" alegando que las actualizaciones no son posibles porque el Ejecutivo está en funciones.

"Es un argumento legal que no podemos admitir pues los ingresos solicitados son acción de administración ordinaria y por tanto legalmente exigibles a un Gobierno en funciones", ha señalado.

Para la portavoz del Govern de la Generalitat, "últimamente el Gobierno del Estado proyecta sus problemas internos al resto de administraciones".

Budó ha asegurado que a raíz de su petición hace unos días, "el resto de CCAA se ha activado para reclamar" lo que le corresponde y ha señalado en concreto que Galicia y Castilla y León "no descartan" tomar también medidas legales y judiciales.

La decisión del ejecutivo catalán de denunciar al Gobierno del PSOE en este inicio de curso político puede marcar un otoño que se prevé tenso, con dos citas fundamentales, la investidura de Pedro Sánchez y la sentencia del juicio del 'procés', todo ello después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, abogase por la "confrontación democrática" y la "desobediencia".

En este contexto, la consellera de Presidencia ha insistido que el Govern "no acepta ninguna sentencia que no sea la absolución" de los líderes independentistas en prisión preventiva por el juicio del 1-O.

Y a propósito de las palabras de Torra en la conferencia la pasada semana en Prada de Conflent (Francia), donde habló de "confrontación" y "desobediencia", Budó ha asegurado que son compatibles con la idea de diálogo, una dicotomía que en los últimos días ha enfrentado a ERC y JxCat.

Según la portavoz del Govern, cuando Torra habló de "confrontación democrática" hablaba de "afrontar políticamente un problema que es político", así como de "no ceder a la represión" y "no aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución porque será algo injusto".