Las políticas activas de empleo (PAE), última oferta del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante el debate de investidura de este jueves para conseguir un acuerdo de Gobierno con Pedro Sánchez, son intervenciones del Estado en el mercado laboral para ayudar a los parados a encontrar trabajo (a través del asesoramiento o de la formación). También se conocen como 'políticas de activación' o 'estrategias de activación'.
Las políticas activas de empleo incluyen las medidas dirigidas a la inserción y orientación laboral, la formación para el empleo, y también las bonificaciones y deducciones a la contratación de las que se benefician las empresas. Sus competencias están transferidas a las comunidades autónomas.
De todo el presupuesto del Estado que se destina a este tipo de políticas la cuantía es la menor dentro del área de trabajo, con 5.700 millones de euros, una cifra más que baja frente a los 18.000 millones de euros que se han destinado a las ayudas y subsidios para desempleados.
Según la página del Ministerio de trabajo, el Gobierno destina de media cada año a las políticas activas de empleo unos 7.300 millones de euros. Estos recursos se distribuyen, de manera similar, entre bonificaciones a la contratación, programas de empleo y programas de formación.
Así, el objetivo de la PAE es aumentar la eficacia de estos recursos, incidiendo en la mejora de la empleabilidad de los desempleados, especialmente jóvenes y parados de larga duración. Es decir, reforzando su capacidad de encontrar trabajo. Además, los mecanismos de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas están reforzados y establecen sistemas de gestión que permiten evaluar su eficacia.
Competencia estatal
Entre las competencias que podría desarrollar un responsable estatal de las políticas activas de empleo está la reforma de la formación, reclamada tanto por sindicatos como por la patronal. La última reforma, apoyada por casi todas las fuerzas políticas, se realizó en 2015. No obstante, esta reforma no acaba de entrar en funcionamiento plenamente y el Gobierno se ha sumado ya a las tesis de los agentes sociales para cambiarla.
Esto se traduce en que el Ejecutivo central diseña el marco general de estas políticas activas, pero, en la práctica, son las comunidades autónomas las que las ejecutan y eligen entre las medidas propuestas por el Ejecutivo central.
Las políticas activas de empleo siempre han sido la cenicienta de la política contra el desempleo. Su reforma ha sido reclamada reiteradamente desde organismos internacionales, como la Comisión Europea.
