El Gobierno central presentó ayer en los juzgados de A Coruña una demanda elaborada por la Abogacía del Estado en la que reclama a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás, según adelanta hoy El País. La demanda consta de casi 100 folios en la que los abogados del Estado exponen cómo los herederos de Emilia Pardo Bazán vendieron el Pazo de Meirás dos veces, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica. Un acta de 1938 -documento hasta ahora desconocido- sirve de base a la demanda del Gobierno para la devolución del Pazo de Meirás, que abre otro frente del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la familia Franco tras el enfrentamiento por la exhumación del dictador del Valle de los Caídos.

Según la información que ha trascendido hasta ahora sobre la demanda del Gobierno contra los Franco para la devolución del Pazo de Meirás por fraude en la venta, el acta sobre la que se basa esta acción del Ejecutivo central es un documento de 1938 firmado ante notario en el despacho del gobernador civil del momento y confirmaría que un contrato de venta a Franco tres años después fue "fraudulento" porque ya era residencia de la Jefatura del Estado.

El documento demuestra que los herederos de Emilia Pardo Bazán ya habían vendido la propiedad el 3 de agosto de 1938 a la Junta pro Pazo -prohombres del régimen- por 406.346 pesetas, dinero adelantado por el Banco Pastor en hipoteca y pagado después por cuestación popular forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de ayuntamientos de la provincia de A Coruña.

Tres años después, el 24 de mayo de 1941 se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora, según adelanta El País. El pazo de Meirás llevaría así casi tres años ocupado cuando el escrito de 1941 creó "artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas", una cantidad que los letrados califican de "irrisoria".

Tanto el Concello de Sada como la Diputación de A Coruña y más recientemente el Parlamento de Galicia han aprobado declaraciones para instar al Gobierno a reclamar en los juzgados a la familia Franco la devolución del pazo de Meirás. Movimientos cívicos como la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) o instituciones como la Universidade da Coruña y varios concellos del área de A Coruña canalizaron esta reclamación en una plataforma, la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás, para instar a las autoridades del Gobierno central a exigir la recuperación del pazo de Meirás para la ciudadanía.

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha aplaudido hoy en un comunicado que el Gobierno haya tomado "por fin" esta decisión de demandar en los juzgados de A Coruña a la familia Franco por "posesión irregular" del Pazo de Meirás.

La CRMH explica que el Gobierno recibió de la Xunta un dictamen elaborado por expertos, que concluyó que el inmueble fue atribuido a Franco como jefe del Estado y que por ello es de propiedad pública, e inició su estudio para determinar si había causa para reclamar la propiedad pública del inmueble y su devolución por parte de los herederos de Franco.

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha expresado su alegría por que este pazo, ubicado en la localidad coruñesa de Sada, pueda volver a ser de titularidad pública. La asociación ha argumentado que el informe jurídico-histórico elaborado por expertos para la Diputación de A Coruña y otro informe realizado a instancias del Parlamento de Galicia "desmontan" la teoría de la familia Franco de que el pazo fue una donación del pueblo gallego al dictador. "La denuncia de la Abogacía del Estado así lo avala", apostilla.

"Ya estamos hartos de los Franco en Meirás. No son bienvenidos. Que se vayan para no volver, y si vuelven que sea pagándose su hotel", termina. El pasado junio, los cuatro grupos que conforman el Parlamento gallego volvieron a demandar al Gobierno central la recuperación de la titularidad pública del Pazo de Meirás y anular los títulos nobiliarios de 'Ducado de Franco' y 'Señorío de Meirás'.

Esta petición se produjo un año después de que la Cámara legislativa gallega aprobase también por unanimidad la reclamación al Gobierno de iniciar la demanda civil contra la familia Franco para recuperar el pazo.

Por su parte, la familia Franco denunció ante el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid por injurias y calumnias a periodistas e investigadores que formaron parte de un reportaje emitido hace un año y titulado La herencia de los Franco. Además, la Fundación Francisco Franco y la familia del dictador denunciaron a las 19 personas participantes en la toma simbólica del Pazo de Meirás en agosto de 2017, con el que pretendían reclamar la devolución de la propiedad pública de ese inmueble.

Ante esta denuncia, un grupo de eurodiputados por la Memoria Histórica (incluidos BNG, ERC, Podemos, IU y PNV) expresaron su "solidaridad" con los llamados 19 de Meirás y les trasladaron su determinación de seguir este asunto, por el que les reclaman 250 años de prisión.