04 de junio de 2019
04.06.2019
Juicio del procés

Vox defiende que hubo rebelión cometida por una "organización criminal"

Espera una "sanción" que sirva para disuadir para que "nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional"

04.06.2019 | 20:20
Javier Ortega Smith y Pedro Fernández.

La acusación popular que ejerce Vox en el juicio por el proceso independentista en Cataluña ha defendido este martes en su informe de conclusiones que en el otoño de 2017 hubo una rebelión cometida por una "organización criminal" que diseñó una estrategia "concertada, coordinada", con una "unidad de acción" dirigida a "romper la organización política del Estado".

Así lo ha manifestado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en su último alegato ante el tribunal, al que ha explicado por qué su acusación incluye el delito de organización criminal para todos los procesados, salvo para el exconsejero Santi Vila, además de los de rebelión y malversación de caudales públicos.

Ortega Smith ha afirmado que, en su opinión, el plan independentista fue ejecutado por una organización criminal en la que había tres patas: el Govern que se encargaba del plano "operativo", el Parlament para la creación de un "marco legal paralelo" y asociaciones civiles que mantenían la movilización ciudadana.

Unidad de acción perfectamente planificada

Estos actores, ha apuntado, formaban una "organización cuanto menos heterogénea y compleja dirigida a romper la organización política del Estado, la Constitución, el Estatuto de Cataluña y la unidad de la nación" y que mantuvo "una unidad de acción y de propósito" a través de actuaciones "perfectamente planificadas".

Para ello, según Ortega Smith, se diseñaron varias "estrategias", empezando por las leyes de desconexión --ley de transitoriedad jurídica y ley de referéndum--, siguiendo con la creación de las estructuras de Estado de la futura república catalana, un plan de comunicación interno y externo y un reparto de tareas para la consecución de una rebelión, todo ello utilizando "fondos públicos" y todos los niveles de la administración autonómica.

Ha sido el abogado Pedro Fernández quien se ha dedicado a argumentar la acusación de Vox por rebelión. Tras analizar todas las pruebas aportadas a la causa, ha asegurado que los acusados --salvo el exconsejero Santi Vila-- "pretendieron culminar el más sofisticado proceso golpista que jamás se ha producido en una sociedad moderna".

No comparar con "golpes" del pasado

Y aunque la Fiscalía ha hecho durante su informe una alusión a la sentencia condenatoria por este delito por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Fernández ha indicado que el 'procés' no puede compararse con "otros procesos golpistas del pasado". "Cualquier comparación de los hechos con situaciones de violencia del pasado resulta indebido jurídicamente".

A continuación, el abogado de la acusación popular ha comenzado a describir las circunstancias por las que, en su consideración, el delito que se contempla en el artículo 472 del Código Penal encaja perfectamente con los hechos enjuiciados. Así, ha recalcado que es "falso" que la diferencia entre el delito de sedición y de rebelión lo marque la violencia.

"Para que alzamiento sea violento no es imprescindible que haya daños a personas o bienes, sino cuando se muestra la disposición a usar la fuerza", ha añadido Fernández, al mismo tiempo que ha señalado que la rebelión se cumple en el momento que los acusados han intervenido de forma "múltiple" y han hecho un "reparto de funciones" para culminar su objetivo: la independencia de Cataluña.

A todo esto ha sumado "la ocupación de las calles por centenares de tractores", los "escraches" a los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que actuaron el 1-O, las "murallas humanas" de concentrados que impidieron las actuaciones policiales y el "asedio a edificios" y a comisiones judiciales, cuyos alguno de los letrados de la Administración de Justicia tuvieron que salir "escoltados", como la que estuvo en la Consejería de Economía que tuvo que abandonar el registro por la azotea. "Esta es la expresión clara y plural de la violencia", sostiene el abogado.

Asimismo, ha enfatizado que los acusados "aprovecharon su posición de cargos públicos o de representantes de asociaciones" para trasladar a los ciudadanos catalanes "un proceso de tensión creciente entre el poder autonómico y el Tribunal Constitucional" y desencadenar "dos situaciones de violencia concreta y determinada": el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017.

Y todo ello lo hicieron de forma conjunta, pues la "carencia de un apoyo de los demás acusados nunca hubiera supuesto un riesgo de quiebra constitucional, sino una alteración del orden público o una sedición", ha dicho, poniendo como ejemplo que los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, no hubieran podido llevar a cabo la "movilización" sin la ayuda del "Ejecutivo (el Govern) y el Legislativo (el Parlamento de Cataluña)".

Segregación de catalanes

Con todo ello, el abogado de Vox ha concluido que "los acusados golpistas no respetaron a los ciudadanos de Cataluña" y "señalaron a los españoles que viven en Cataluña segregando a catalanes de primera y de segunda".

Ortega Smith ha dedicado los últimos minutos de su intervención para ensalzar la labor de todas las personas que han permitido que esté culminando este juicio en el Tribunal Supremo. "Todo el acopio probatorio, los miles de documentos, testimonios, grabaciones, intervenciones telefónicas no están por azar, no están por la colaboración de los acusados, están por la profesionalidad, el trabajo, la lealtad institucional y la valentía de personas que ya no están entre nosotros", ha recordado.

Así, ha recordado al fiscal general del Estado José Manuel Maza, autor de la querella por rebelión y fallecido el 18 de noviembre de 2017; el que fuera fiscal jefe de Cataluña José María Romero de Tejada, fallecido también sólo nueve días después de Maza; y el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez que investigó la organización del referéndum ilegal en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y que murió el 4 de noviembre de 2018.

También ha mostrado su agradecimiento a la Policía Nacional y la Guardia Civil porque "cumplieron con su deber y actuaron conforme a derecho para que el ordenamiento constitucional no terminara sucumbiendo ante un delito".

Así pues, Ortega Smith ha manifestado su confianza, "como la inmensa mayoría de los españoles", en que el tribunal que preside Manuel Marchena hará "justicia" con una "sentencia acorde a los delitos" cometidos, que "deberán tener una sanción" que sirva para disuadir para que "nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional". Tras la sentencia, ha subrayado, "habrá triunfado la justicia, el Estado de Derecho, la democracia, la soberanía nacional que corresponde al pueblo español y la nación española".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook