29 de mayo de 2019
29.05.2019
'Procés'

El Gobierno desacredita el informe de la ONU

El Ejecutivo considera que es "una interferencia en el proceso penal en marcha"

29.05.2019 | 21:23

El Gobierno ha desacreditado el informe de un grupo de trabajo de la ONU sobre la prisión de los líderes independentistas, que además ve "especialmente grave" en un momento como éste porque podría ser interpretado "como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Fuentes del Ejecutivo han criticado este informe y han cuestionado su imparcialidad por considerar que sus redactores no saben los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, por creer que en España es legal la convocatoria de un referéndum independentista y porque "no tienen en cuenta el principio de separación de poderes ni la independencia judicial".

Moncloa reclama a los responsables de este informe, que ha elaborado el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén "alerta" ante los "intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".

El informe del grupo de trabajo de la ONU que se ha conocido este miércoles considera "arbitraria" la privación de libertad de los líderes catalanes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El documento entiende que la prisión provisional de los tres imputados vulnera los derechos humanos y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.

Moncloa ha respondido esta tarde a este trabajo advirtiendo de que los redactores del informe desconocen los delitos de los que están acusados los tres dirigentes en prisión preventiva.

Según el Gobierno, el informe también cree que es legal la convocatoria de un referéndum como el del 1-O "cuando es claramente contraria a la Constitución Española".

Los autores del informe, continúa el Ejecutivo, "dan por hecho que las concentraciones celebradas los días 21 y 22 de septiembre de 2017 eran manifestaciones convocadas en favor del referéndum del 1 de octubre y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales".

Moncloa critica que el documento no tenga en cuenta el principio de separación de poderes y la independencia judicial, "llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al Poder Judicial".

Y reprocha también a los autores del trabajo que den "por cierto" que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, "obviando que quienes en Cataluña tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".

"Es especialmente grave que este Grupo de Trabajo haya emitido su informe poco antes de que quede vista para sentencia la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes" subraya el Ejecutivo.

Y añade que esa "lamentable circunstancia podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Por razones como éstas, el Gobierno apunta que este informe del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria "plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad y pone de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de control internos para evitar su utilización con fines espurios".

Y hace un llamamiento a los responsables y a los supervisores del sistema en su conjunto para que "refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos" y estén alerta ante los intentos de "manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".


Informe "plagado de inexactitudes"


Por su parte, la secretaria de Estado para la España Plural, Irene Lozano, ha lamentado que el Grupo de Trabajo haya sido "víctima susceptible a una campaña de desinformación y manipulación".

"El informe está plagado de inexactitudes y medias verdades hasta el punto de que parece que están siendo procesados por convocar una manifestación independentista", ha asegurado Lozano a EFE.

Para la secretaria de Estado se trata además de un informe que "roza la injerencia en procesos judiciales en curso y demuestra muy poco respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes, dado que el Gobierno no pone a presos en la calle, si acaso, lo harán los jueces".

Resulta evidente, ha opinado Lozano, que es preciso "reformar y mejorar" los mecanismos de trabajo de este tipo de grupos "para evitar que sean utilizados para fines espurios y acaben deslegitimados ya que hay mucha gente en el mundo que, de verdad, necesita de su trabajo y su defensa".

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